Por Jorge Rachid. Médico del Trabajo y de la Seguridad Social. Fundador de la RELAP Red de Laboratorios Públicos. Profesor Titular en Ciencias Sociales de la UNLZ. Profesor Honoris Causa, Universidad de Salamanca.
Resumen:
En materia sanitaria, una decisión política que no puede implementarse, significa una dependencia de terceros que termina imponiendo condiciones en el desarrollo estratégico del programa a implementar. Los medicamentos constituyen una herramienta esencial en el despliegue sanitario, con su producción constituye la única garantía de decisiones soberanas de acuerdo a la epidemiología del país, es decir producción nacional de medicamentos en función de nuestra propia demanda. En los últimos doce años, en el marco del UNASUR, la producción se expandió en función de las necesidades de 450 millones de compatriotas latinoamericanos.
Cuando el Dr. Ramón Carrillo asumió el primer Ministerio de Salud de la Nación, durante el primer gobierno de Perón, se propuso como objetivo primordial un Programa Sanitario Integral que incluyese la producción pública de medicamentos, creando entonces el EMESTA, empresa de medicamentos estatales, producidas por Laboratorios de las Fuerzas Armadas Argentinas (FFAA). Esta decisión, dio origen a la industria farmacéutica nacional, que hoy ocupa 100 mil trabajadores, es de excelencia a nivel internacional y pionera en el ámbito latinoamericano.
Desde entonces hasta hoy los escenarios tanto políticos como económicos cambiaron, no pudiendo sustraerse a ello el ámbito de la Salud Pública, que fue cercada por los nuevos tiempos de las políticas neoliberales, que transformaron al medicamento en un bien del Mercado, acotando su definición de “bien social” tal cual lo reconocen los organismos internacionales. En ese ámbito se da la lucha por los precios, las patentes y todo aquello que tenga correlación con esas premisas, como la I+D, en el campo científico tecnológico. La Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dirimen en los planos internacionales las incumbencias de las multinacionales de la industria farmacéutica, sobre la soberanía sanitaria de los países en función de sus políticas de medicamentos. El ejemplo más claro de esta afirmación es la imposición que lograba el TTP (tratado transpacífico), en cuanto a prohibir la inversión estatal en I+D y en la producción pública de genéricos.
Nuestro país, entre los años 2003 y 2015 se lograron avances significativos y disruptivos en el marco de recuperar la soberanía en la planificación estratégica de políticas de producción de medicamentos. Se trabajó sobre dos planos simultáneos: uno fue el programa Raíces, que permitió repatriar a 1.240 científicos e investigadores que la Argentina en crisis había ofrecido en oleadas sucesivas, producto de dictaduras cívico militares, apuntalando un proyecto a largo plazo de PPM que incluía I+D, y otro camino paralelo fue la sanción las leyes que permitiesen afianzar esa concepción estratégica, como la Ley 26.688 de Producción Pública de Medicamentos (PPM) y la Ley 27.113 de la agencia nacional de laboratorios públicos (ANLAP). La primera garantizando la producción, la segunda herramienta de desarrollo a largo plazo de la coordinación de los 39 laboratorios que desde diferentes dependencias oficiales, son públicos (tanto universitarios, municipales y provinciales, más los del ámbito nacional).
La crisis del 2001, detonante de la fragilidad del sistema en cuanto a la política de medicamentos, que había logrado frenar cualquier intento de regulación estatal a su manejo oligopólico, empujó a la incipiente industria estatal a asumir una responsabilidad que la excedía, ante el abandono de la provisión hospitalaria por parte de la industria nacional y el resto de los Laboratorios. Esto sucedió ante la crisis del Estado y el corte de la cadena de pagos.
Ya en los años 70 la lógica neoliberal había determinado que en la Argentina no era “lógico” producir medicamentos esenciales, es decir materia prima de producción, por baja escala de producción ante los 36 millones de argentinos de aquel entonces, abandonando esfuerzos de años, en esa producción que nuestro país poseía. Un claro mensaje de los economistas ortodoxos a los sanitaristas y al poder político desde la cultura neoliberal.
Sin embargo en el 2011, impulsado desde el Instituto de defensa de la Argentina y en el marco de la UNASUR a nivel continental, se declaró al medicamento como “herramienta de soberanía”. Se pautó un plazo de 5 años para reanudar la elaboración de materias primas para la región, estas políticas sanitarias incluyen a 450 millones de compatriotas latinoamericanos. Esa decisión política cambió el rumbo de los objetivos que hasta ese momento se tenían como políticas de medicamentos, dado que el 100% de la materia prima a nivel regional era dependiente de mercados externos.
Una política de medicamentos debe irrumpir en el marco de un Plan Nacional de Salud, que plantee el estado de situación actual del sistema sanitario y los sistemas solidarios de salud que han sido fragmentados por las políticas dominantes neoliberales. Estas políticas lideradas por el Banco Mundial, lograron cambiar los paradigmas esenciales de la salud, provocando el efecto de la “medicalización” de la población. Este nuevo paradigma instaló como eje la cronificación de las enfermedades, antes que la prevención de la salud como política sanitaria prioritaria por parte del Estado (que es el garante Constitucional de la salud de la población). La respuesta sanitaria ante ese avance, en el marco democrático se vio dificultado por la Constitución Nacional de 1994, que instaló la fragmentación de los sistemas sanitarios oficiales como política de penetración de las “nuevas tecnologías médicas”, que incluyen los medicamentos, las nuevas patentes y el dominio del mercado en la salud. Esto último con el riesgo que implica a la accesibilidad y universalización de los medicamentos que la salud se rija con las leyes del mercado. Por ejemplo, los pacientes crónicos de enfermedades no transmisibles, quedan rehenes de la industria farmacéutica, es decir, 6,5 millones de personas que antes recibían asistencia del Plan Remediar según el Ministerio de Salud, actualmente desprogramado por el gobierno de Cambiemos en el mes de enero de 2017. Estos pacientes son dependientes del medicamento para la subsistencia, y la interrupción de los tratamientos produce impacto directo en el segundo nivel de atención a causa de las complicaciones que pueden llevar a la muerte (en especial en el caso de los hipertensos, los diabéticos, los enfermos renales y cardiópatas).
La Producción Pública de Medicamentos y el objetivo de lograr materia prima de producción nacional, son políticas de Estado que impactan en varios niveles de los desafíos de la política de medicamentos. Por un lado, la PPM se establece con los niveles de exigencia que hoy tiene a nivel internacional la producción de medicamentos en cuanto a las “buenas prácticas farmacéuticas”. Esto incluye la protocolización de los procedimientos adecuados para la instalación de laboratorios, la formación profesional, el know how necesario para la producción, los mecanismos estrictos de control de calidad en cada una de las fases del proceso productivo, como así también la adaptación a los mecanismos reguladores del Estado, en este caso la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías). Este ente creado en los años 90, más precisamente por el Decreto 1490/92, publicado en el Boletín Oficial el 27 de agosto, fue una herramienta esencial manejada por la industria farmacéutica en pleno auge neoliberal, condicionando y estructurando las políticas de medicamentos a partir de resoluciones poco conocidas. La más llamativa de ellas es la del Anexo 1 del Decreto 150/92 que permite que los medicamentos aprobados en terceros países, cuyas agencias son “confiables”, entren a la Argentina, con mínimos requisitos, siendo esos países: EEUU, la Unión Europea, Japón e Israel. Lo que pocos conocen es que la FDA (Food and Drug Administration de EEUU), autoriza medicamentos para exportación, que no son autorizados en sus propios territorios, convirtiendo a los países periféricos en “conejillos de Indias” de sus propios productos. Este sistema denunciado a nivel internacional ha costado vidas, en especial en África, donde cientos de niños murieron, ante vacunas de experimentación, situación que fue saldada por los laboratorios responsables con multas multimillonarias en dólares.
Los Laboratorios de la PPM, además cumplen el rol central como “empresas testigos de precios”, ya que manejan costos directos e indirectos de la producción, como los impuesto a pagar a la primer venta, lo cual constituye un valor que la industria farmacéutica se niega a informar, constituyendo una cadena de valor, a la hora de comercializar el producto que se inicia en un mil por ciento, para los medicamentos más cotidianos y de “venta libre”. Ese manejo de los costos, es un arma esencial en la discusión de los precios de referencia de los sistemas solidarios de salud, que terminan siendo rehenes de medicamentos manejados desde la Secretaría de Comercio de la Nación, lo cual constituye un despropósito, tratándose de un bien social al cual debe garantizarse accesibilidad universal a la población.
Por otro lado, ningún laboratorio internacional le vende productos terminados a los gobiernos, lo hacen a través de sus filiales, las cuales cotizan a través de droguerías propias, apropiándose entonces del IVA a la primer venta, al venderse a sí mismos sin ganancias, en especial en los medicamentos de “alto costo y baja incidencia”, medicamentos que corresponden en general a nichos sanitarios puntuales (desde oncológicos hasta antirretrovirales, medicamentos de última generación) que por su precio logran desfinanciar los sistemas sanitarios a nivel mundial.
Otro de los elementos contundentes de la PPM, es su impulso a la conformación de formularios terapéuticos que estén acordes a las necesidades de la epidemiología nacional y regional, la mayoría de cuyas enfermedades endémicas son llamadas enfermedades huérfanas ante la falta de interés de la industria farmacéutica de afrontar la producción de medicamentos, cuyo “mercado” no excede el millón y medio de personas, de ahí que Roche haya dejado de producir el único medicamento al cual accedían los infectados por el Mal de Chagas, que se les indicaba a los chicos para evitar complicaciones en la vida adulta, como el megacolon y la miocardiopatía, ambas que llevan a la cirugía, colectomía total, en el primer caso y trasplante cardíaco en el segundo. Como se observa, el compromiso de la industria con la salud pública se establece en función exclusivamente del lucro, sin compromiso con el país y su población. Esta última situación la puede abastecer la PPM cuando el Estado no deja en manos del Mercado la suerte de los pacientes. En el esquema de los productos importados de última generación, el Estado nacional, con una política correcta de medicamentos, debería centralizar la compra internacional a través de los Laboratorios del ANLAP, ya que el 95% ( suma de los aportes de cada subsistema) de esos productos los termina abonando el Estado a través de sus subsistemas de salud: el público hospitalario y sanitario en general, el PAMI, las obras sociales sindicales y las obras sociales provinciales, que aportan en un 91% (presupuesto nacional, Ministerio de Salud www.msal.gob.ar) la inversión total de salud en nuestro país, siendo privilegiados en el gasto los medicamentos por presión de la industria y la prescripción médica colonizada.
Ya entrando en el tema de las patentes y su manipulación por parte de la industria farmacéutica, asociada como hemos relatado a los Fondos de Inversión supranacionales, que operan sus estrategias a través del control de los organismos reguladores de los diferentes países. En nuestro caso quien resuelve el tema de la autorización de ingreso es el Instituto Nacional de Patentes Industriales (INPI), en la actualidad a cargo del estudio de abogados Grondona, Martínez de Hoz, uno de cuyos miembros es presidente del mismo. Este estudio es el que históricamente ha litigado contra nuestro país, en los foros internacionales, en especial en la organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE) creada en 1961, forzando el pago de patentes reclamadas por terceros extranjeros.
Es aquí donde debemos explicar cómo se manejan los complejos industriales multinacionales, en cuanto a la investigación y el desarrollo. Lo hacen habitualmente a través de las Universidades a las cuales financian en sus investigaciones, creando becas y apoyándose en fundaciones y ONG (pertenecientes a esas mismas empresas) como forma indirecta de transmitir seriedad y excelencia, que no siempre existe en los rumbos de la investigación. Debemos recordar aquí la frase del premio Nóbel de Medicina del año 1993 Dr. Richard John Roberts, quien afirmó en Estocolmo, que recibía el premio con dos sentimientos: uno de alegría por el reconocimiento a 30 años de trabajo y otro de profunda decepción porque, cuando estaba en sus investigaciones arribando a conclusiones de curación clínica de enfermedades con moléculas nuevas, le suspendían el financiamiento. “He comprobado cómo en algunos casos los investigadores dependientes de fondos privados hubieran descubierto medicinas muy eficaces que hubieran acabado por completo con una enfermedad…”, explica. Agrega “que un ejemplo de tales abusos es que se han dejado de investigar antibióticos porque son demasiado efectivos y curaban del todo. Cómo no se han desarrollado nuevos antibióticos, los microorganismos infecciosos se han vuelto resistentes y hoy la tuberculosis, que en mi niñez había sido derrotada, está resurgiendo y ha matado este año pasado a un millón de personas”. Agregó después en el diario español La Vanguardia “en nuestro sistema, los políticos son meros empleados de los grandes capitales, que invierten lo necesario para que salgan elegidos sus chicos, y si no salen, compran a los que son elegidos, porque quiere servir a los mercados de capital…”. Al final del reportaje dice el Dr. Roberts, “las farmacéuticas a menudo no están tan interesadas en curarle a usted como en sacarle dinero, así que esa investigación, de repente, es desviada hacia el descubrimiento de medicinas que no curan del todo, sino que cronifican la enfermedad y le hacen experimentar una mejoría que desaparece cuando deja de tomar el medicamento”. Proceso de cronificación de enfermedades, desde el financiamiento.
Estamos entonces frente a un mundo de la financiarización, donde aquello que es altamente rentable, es cooptado por los Fondos de Inversión supranacionales, que de esa manera manipulan los precios, cambian los nombres y fórmulas de drogas ya conocidas que vuelven a patentar y que ya estaban vencidas, logrando nuevamente ganancias que desfinancian los sistemas de salud. En nuestro país, de la inversión total en salud, que es alta, el 32% se gasta en medicamentos (Ministerio de Salud de la Nación), cuando en cualquier país del mundo esa proporción entre inversión y gasto no supera el 14% (análisis comparativo con los países europeos y de la región). A eso le llamamos medicalización, como impronta cultural sanitaria estimulada por los colegas, la publicidad, los estímulos directos e indirectos de la industria farmacéutica sobre los profesionales, las mismas que provocan la acción de bajar los valores humorales estándar de los laboratorios de análisis, para incorporar más y más pacientes a las enfermedades crónicas, que son las que garantizan medicamentos de por vida ante la declaración de la enfermedad por parte del profesional. Así un diabético joven apenas diagnosticado por un simple análisis, aún no sabe que su vida, hasta su muerte dependerá de esa “pócima mágica” que le da vida, aunque su episodio de hiperglucemia haya sido en una oportunidad y ante eventos determinados, no continuos en el tiempo y con valores de laboratorio que hasta hace pocos años, eran indicadores de normalidad humoral.
Uno de los ejemplos más claros en la influencia de la industria farmacéutica sobre los sistemas sanitarios, en su búsqueda permanente de ampliación de “sus mercados”, es el llamado trastornos de déficit de atención e hiperactividad (TDAH ó ADHD, por sus siglas en inglés) conjunto de síntomas atribuidos a los niños, pasibles de ser medicalizados con Ritalina nombre comercial del metilfenidato y que en las páginas publicitadas se expresan las farmacéuticas: “Con frecuencia se recetan medicamentos estimulantes (como el metilfenidato y las anfetaminas) el TDAH. Este trastorno se caracteriza por un patrón persistente de inatención y/o hiperactividad e impulsividad más fuerte que personas de un nivel comparable de desarrollo. Este patrón de comportamiento generalmente surge en los años preescolares o a principios de la escuela primaria, siendo los 7 años la edad promedio en la que se manifiestan los síntomas del TDAH. En la mayoría de los casos, los síntomas del TDAH mejoran en la adolescencia o en la edad adulta, pero el trastorno puede subsistir o presentarse en adultos. En los Estados Unidos, alrededor del 8 % de los niños de 4 a 17 años de edad y alrededor del 2,9% al 4,4% de los adultos son diagnosticados con TDAH”, de La escuela no es un hospital, autora Dra. Gabriela Dueñas (2013). Estos datos alarmantes, sobre una entidad clínica que no existe, pero es medicalizada, ha sido denunciada en todo el mundo y en nuestro país es motivo de una campaña, que docentes, psicopedagogos, psicólogos y médicos combaten diariamente, evitando una definición de enfermedad a niños que deben ser asistidos o comprendidos por otros métodos, no agresivos como es la medicalización.
La “patologización y medicalización de la infancia”, un fenómeno en franco incremento en los últimos años, constituye un problema grave que nos convoca a preguntarnos, si el mismo no debiera ser considerado como una de las tantas formas de ejercicio de una suerte de “violencia simbólica” que sociedades como la nuestra ejercen sobre los niños, niñas y adolescentes, nos informa la Dra. Gabriela Dueñas (2013). El Dr. León Bensayag agrega que en su lugar aquí se considera necesario poner en cuestión cómo el concepto de “medicalización ” es una tendencia que apoyada en concepciones de fuerte sesgo biologicista e innatista, en los últimos tiempos parece avanzar con intenciones hegemonizantes, no sólo ya sobre la población en general, sino ahora también sobre la niñez y adolescencia, reduciendo para esto de manera científicamente injustificada, complejas problemáticas socio familiares y escolares a la idea de que todas ellas se tratan en realidad de “supuestas” deficiencias o trastornos neurocognitivos de etiología genética. Por esta razón, la única solución posible que se les propone parece limitarse a tratamientos médicos, centrados en la administración de drogas psicoactivas, que se acompañan a la vez de toda una serie de procedimientos complementarios de “adiestramiento conductual”, que alcanzan incluso el campo de lo escolar, sin que se consideren en relación a este tipo de intervenciones y entre otras cuestiones sus marcados efectos “estigmatizantes”, teniendo particularmente en cuenta que en estos tiempos tempranos de la vida, los sujetos están en pleno proceso de constitución de su subjetividad. Clara definición que sin lesionar los legítimos pasos de la psiquiatría o la necesidad de fármacos ante determinadas patologías, sí adquiere un profundo tono social, la impronta de la industria farmacéutica sobre el conjunto de la sociedad a la que se quiere someter al Mercado.
Es así que los Fondos de Inversión se abalanzaron sobre el descubrimiento del único medicamento que en 45 años, se descubre para curar una enfermedad como es la Hepatitis C. Los medicamentos de patentamiento habitual son para la cronificación de las enfermedades. El sistema nos necesita enfermos: ni sanos, ni muertos, a los fines del lucro que brinda la cronificación ampliada que han logrado con sus políticas neoliberales. Volviendo al descubrimiento del sofosbuvir, que es producto de una investigación que llevaba adelante un científico egipcio, para lograr eliminar los efectos secundarios de la triple droga antirretroviral, que ha logrado frenar la mortalidad de dicha enfermedad y que en ese camino se encuentra con la sorpresa, que en los ensayos clínicos de la última fase de investigación con humanos, en 90 días, esa droga desaparecía los valores humorales de la enfermedad y constatando que también lo hacía en las biopsias de enfermos de HIV, que tienen asociada muy frecuentemente esta patología, se da cuenta de este descubrimiento que está llamado a constituir uno de los grandes acontecimientos de la época. Pública entonces en las revistas de referato sus notas y análisis,[11] Journal of American Chemical Society, en la revista Angewandte Chemiem, en la revista Coordination Chemistry Reviews, en The Proceedings of the National Academy of Sciences (Estados Unidos) y en la revista Nature Communications, conmocionando al mundo científico y a los pocos días se le presentan representantes del Laboratorio Giglia, cuyos titulares son Paul Singer de Fondo de Inversión MNL y Donald Dumsferd, ex secretario de Estado norteamericano, ofreciendo 11.200 millones de dólares por la patente, que es vendida. Dicha comercialización que comienza de inmediato divide al mundo en tres categorías de mercado: países de alta renta, renta media y baja, para lo cual fijan un precio de rápida recuperación de la inversión, dado que este medicamento a diferencia de los habituales, cura la enfermedad en 90 días, por lo cual el tratamiento en los países de renta alta es de 1.000 dólares o euros el comprimido, en los de media 100 U$S y los de baja se lo entregan a India para su comercialización para los países pobres que los venden a 10U$S. El mismo comprimido, la misma droga, arrasando el concepto de “bien social”, sustituyéndolo por el de “recupero rápido”. En nuestro país existen aproximadamente 600 mil personas con laboratorio positivo para hepatitis C, no necesariamente complicados que se ubican en el 1-3%, que requieren trasplante hepático, pero ante una droga que cura, todos ellos deberían tener accesibilidad al medicamento y liberarse en 90 días de una espada de Damocles angustiante. Si pagásemos 100 U$S cada comprimido, dejaríamos de adquirir el resto de los medicamentos, ante lo cual la industria, en este caso el laboratorio nombrado, constituyó rápidamente una asociación de enfermos para reclamarle al Estado su compra inmediata, como forma de presión para la venta. Eso constituye arrasar la soberanía sanitaria.
Otro punto interesante referido a las patentes se da en el espionaje industrial frente a la aparición de nuevos fármacos, los llamados biológicos de última generación que son cadenas proteicas con efectos clínicos, que se desarrollaron en los últimos años, siendo los de mayor impacto económico en la industria farmacéutica. Una vez que el laboratorio A descubre, patenta y consigue la autorización de los organismos reguladores del Estado para su comercialización, el laboratorio B, toma la fórmula, la diseca en sus componentes y va agregando o sacando moléculas, hasta que consigue que con esos cambios el medicamento conserve las mismas propiedades clínicas de que ha sido patentado, y lo presenta como nueva fórmula de investigación procediendo a patentarlo con otro nombre, pero con los mismos efectos terapéuticos, por lo cual el Estado o el paciente debe pagar por una patente que no es tal, por no ser producto de investigación, sino de copia fraudulenta de una fórmula. Ese combate ha sido superado por la administración del INPI[g12] Instituto Nacional de Patentes Industriales, bajo una Resolución, ya que mientras la Ley de Patentes N 24.481 “obliga al INPI a realizar un examen de fondo en toda solicitud de patentes” de medicamentos, “la resolución INPI 56/2016, permite que dicho organismo omita el examen de fondo y considere válido el examen realizado por una oficina extranjera”.
Entonces los argentinos tenemos varios desafíos en materia de política de medicamentos, que conforman el mapa estratégico de las políticas públicas a recuperar a los fines de reconstruir la soberanía necesaria a la cual estábamos encaminados, en el proceso político nacional y popular iniciado en el 2003, por el gobierno peronista de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, quienes dieron los puntapiés iniciales para desarrollar a pleno la PPM, darle coherencia de funcionamiento a través de la ANLAP, financiamiento necesario fijado por la ley de PPM, y participación plena en la discusión de precios, que la industria ha manejado discrecionalmente, durante décadas, desfinanciando los sistemas solidarios de salud, habiendo construido al medicamento como “la pócima mágica” que todo lo resuelve, afianzando una cultura dependiente del mismo, que por presión social impacta sobre el sistema sanitarios. Ese desafío está abierto tanto en la lucha cotidiana por defender derechos adquiridos, como en la planificación estratégica de políticas de estado, en donde el medicamento juega un rol esencial.
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Ciencia Propia
Ruben Geneyro