El Sistema de Salud Argentino

Por Daniel Gollan ¹ y Nicolás Kreplak <sup>2

1</sup> Médico UNR Especialista en medicina sanitaria UBA. Ex Ministro de Salud de la Nación.                         
² Médico UBA. Especialista en medicina interna UBA. Ex Secretario de Salud Comunitaria de la Nación. Presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria. Profesor Universidad Nacional de José C. Paz y docente UBA.

Resumen

Existen dos formas de entender la salud que se encuentran en pugna en el mundo entero: la salud comprendida como un derecho de la población que debe ser garantizado mediante un Estado fuerte y presente, o la salud como un bien transable más que se rige por las reglas del mercado. Para poder consagrar el primer paradigma, es necesario conocer la historia de retrocesos y fragmentaciones que se dieron desde 1955, especialmente durante las fases más neoconservadoras, para dar con el sistema de salud que hoy tenemos: profundamente inequitativo, ineficaz y desigual.
Se describen 10 categorías que deben ser abordadas, tanto porque aportan a la fragmentación del sistema de salud, y desnudan una red de intereses sectoriales poderosos, que muchas veces precisan ser antipopulares para alcanzar su fin; o porque son punta de un hilo de Ariadna que debe ser retomado para construir un sistema de salud al servicio del pueblo: 1) Marco Constitucional, 2) Ley Nacional de Salud, 3) Fragmentación del Subsector Público. Multiplicidad de jurisdicciones, 4) Debilidad de primer nivel de atención, 5) Subsector de Obras Sociales (OS). desordenado y desfinanciado, 6) Las empresas de medicina prepaga: posición dominante que crece, 7) Desorden en el financiamiento, 8) participación de los medicamentos en el gasto total de salud, 9) Formación de RRHH en salud, 10) Multiplicidad de otros actores con poder creciente de incidencia (colegios profesionales, sociedades científicas, etc.).
La tensión y retroceso al que intentan someter al sistema de salud argentino los proyectos extranjerizantes y neoliberales, incorporando recetas enlatadas de demostrado fracaso en el mundo, como la Cobertura Universal de Salud son, paradójicamente, una oportunidad para un futuro cambio profundo y de raíz. Comprender la importancia histórica de generar la discusión social y profunda que el tema merece en los tiempos que corren, podría ser la llave a un futuro Sistema Nacional Integrado de Salud.

Una historia de retrocesos

La disyuntiva principal acerca de la salud en el mundo es si debe ser un bien social tutelado fuertemente por el Estado o un bien de mercado que se rija por las leyes que este impone. Cuando proponemos una reestructuración del sistema de salud argentino, lo hacemos bajo el paraguas conceptual de la salud como derecho y no como oportunidad de negocios.

En Argentina, pero también en muchos lugares del mundo, se da una expansión de la tecnología y de la participación de sectores financieros en la salud. Esto fuerza la toma de medidas cada vez más estructurales que permitan garantizar el efectivo cumplimiento de alguna de las dos posiciones: o se garantiza el derecho a la salud y el acceso de calidad, consecuentemente se interviene en post de justicia social, o se garantiza el libre mercado y la optimización de ganancias por quienes ostentan el capital. Esta última es la tendencia global impulsada por el Banco Mundial y parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Solo un análisis propio y una respuesta que enarbole la soberanía sanitaria como bandera regional pueden imponer la agenda del derecho a la salud.

La (de)construcción del sistema de salud argentino.

La reestructuración o reordenamiento del sistema de salud argentino es un imperativo si se trata de garantizar un acceso a los servicios de salud para todos los ciudadanos, con equidad y eficacia. Tras la revolución sanitaria que se dio durante los gobiernos de Juan Domingo Perón en el período 1946-1955 dirigida por Ramón Carrillo, hubo dos oportunidades en las que se intentó reordenar el sistema: una en el año 1974 con el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNS) creado por ley 20.748 (ley Liotta). durante el tercer gobierno de Perón. Otra fue en 1988, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, con el Dr. Aldo Neri como principal inspirador a través de la sanción de la Ley 23.661 que creaba el Sistema Nacional del Seguro de Salud (SNSS). Ambos intentos quedaron en la nada: el primero por el advenimiento de una nueva dictadura cívico-militar que lo discontinuó (a pesar de que en las cuatro provincias en las que comenzó a ejecutarse dejó una huella); y el segundo por el abrupto y traumático final del gobierno radical de Raúl Alfonsín. En ambos casos, y más allá de defectos y virtudes, hubo enormes presiones para que no se avanzara hacia un Sistema Integrado; y poderosos “lobbys”, representantes de diferentes intereses sectoriales, que estuvieron en contra.

En la década del ´90, en consonancia con las recomendaciones liberales del llamado Consenso de Washington, aparecieron los planes del Banco Mundial que operaron sobre el ahorro interno genuino de los trabajadores y los aportes solidarios de sus salarios destinados a la atención de la salud de activos y pasivos. En este período se afectó severamente el financiamiento de la seguridad social en nuestro país, en todos sus aspectos, a partir del retiro del Estado y la apertura a los negocios de capitales privados. Entre las normativas que marcaron esa etapa podemos enumerar:

Decreto 576 de 1993 que modifica la reglamentación del sistema de obras sociales (23.660) y del Sistema Nacional del Seguro de Salud (23.661), profundizando el proceso de desregulación de OS a través de la posibilidad de la “libre opción” de los afiliados.  

Ley 24.241 de 1993 de creación de las AFJP que comenzó el “descreme previsional” a través de la instrumentación obligatoria del sistema de “capitalización” para los aportes previsionales de los trabajadores por parte de aseguradoras privadas.

En 1994 se proclamó la Constitución Nacional, de corte liberal, que fragmentó el subsector público de la salud “provincializando” los hospitales. Luego se “municipalizó” el Primer Nivel de Atención en Provincia de Buenos Aires y Córdoba, lo que no solo contribuyó a debilitar la gobernanza del sistema público sino que, también, facilitó la entrada de actores privados en los sistemas públicos.

Decreto 292 de 1995 por el que se disminuyeron los aportes patronales a las obras sociales del 7% al 6% para disminuir costos empresarios, y se le transfirieron a la DGI (actual AFIP) la recaudación y fiscalización de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución hasta entonces en manos de las obras sociales.

En ese mismo año, el Banco Mundial aprobó un crédito de u$s 600 millones para tres tramos de 200: a) desregulación de obras sociales, b) gerenciación del PAMI y c) regulación de las prepagas.

Ley 24.557 de riesgos del trabajo del año 1996 que privatizó la Higiene y Seguridad en el Trabajo, creando las ART.

Decreto 446 del año 2000, que desreguló definitivamente el subsector de las obras sociales permitiendo que las empresas de medicina prepaga captarán millones de afiliados de altos ingresos, desfinanciando al sistema solidario.

Durante este período se produjo una enorme desorganización del sistema de salud, proceso que no ha cesado hasta la actualidad y que, el actual gobierno Nacional, está dispuesto a profundizar con el objetivo final de debilitar al extremo al subsector público y consolidar la privatización de la salud a través de un sistema de aseguramiento.

Momento político poco propicio. Debate necesario.

Desde 1988 no se ha vuelto a poner en agenda de debate este tema y la fragmentación del sistema de salud argentino se ha profundizado. Un sistema fragmentado es, además de ineficaz e ineficiente, un extraordinario caldo de cultivo para el “negocio de la salud”. La debilidad estructural que deriva de no tener un sistema homogéneo y gobernable, es la principal causa de que la relativamente importante inversión en salud de 1.100 dólares per cápita de nuestro país no obtenga mejores resultados.

En un momento político como el que estamos viviendo, mientras que una nueva y virulenta restauración de corte conservador-neoliberal empeora seriamente la calidad de vida de la mayoría de la población, las políticas sanitarias están enmarcadas en ese mismo sentido. Se observa un abrupto retiro de las políticas nacionales de salud que sustentaba el Ministerio de Salud de la Nación, un traspaso de responsabilidades a las provincias que, carentes de recursos, no pueden afrontar las acciones de prevención, promoción, atención y rehabilitación. Frente a ello, ante un proceso de disgregación terminal del sistema que el gobierno pretende disimular con el Plan de Cobertura Universal de Salud (CUS). Este Plan, en la forma en que se ha anunciado, llevará a un mayor debilitamiento del Estado en su rol de rectoría, mayor dispersión y fragmentación, pérdida de protagonismo del subsector público hospitalario y del primer nivel de atención, aumento importante del gasto de bolsillo de los ciudadanos, mayor precarización de los trabajadores de la salud, mayor judicialización, y mayor inequidad en el acceso. Las experiencias de seguros de salud han resultado siempre ruinosas para la salud pública. Basta con observar cómo funcionó este modelo en Colombia desde que se instrumentó en 1993 o, más cerca aún, en la provincia de Córdoba en el año 1995 o en la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 2007: en todos los casos los resultados fueron adversos.

Como requisito determinante para imponer esta CUS, el Poder Ejecutivo Nacional envió al parlamento el proyecto de ley de creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias con el argumento de hacer un uso racional de las mismas. Este criterio es correcto cuando el uso de una tecnología se autoriza para todos los ciudadanos en base a un análisis de costo-efectividad, pero no cuando se impone un uso discriminado por sectores sociales, tal como hace el proyecto oficial: crea una “canasta básica de prestaciones” para quienes tienen cobertura pública exclusiva y limitaciones al Programa Médico Obligatorio que establece las prestaciones que las OS deben darle a sus afiliados o las empresas de medicina prepaga a sus asociados con planes básicos. Los ciudadanos sin obra social o prepaga encontrarán que en el hospital público donde se atienden deberán pagar prestaciones que excedan la “canasta básica” establecida por esta Agencia. Los poseedores de OS o prepaga, verán restringidas prestaciones que hoy son cubiertas por aquellas. Pero como esa tecnología estará registrada en el país, se segmentará más a la sociedad en cuanto a su capacidad de pago ya que al estar disponible, seguirá siendo prescripta por los profesionales, generando serias inequidades entre quienes puedan acceder y quienes no. De esta manera, aumentará la inequidad en el acceso pero también el gasto de bolsillo porque la salud es un bien “inelástico”, que se prioriza sobre otros bienes o necesidades. Paralelamente, aumentará la judicialización para el acceso, porque el derecho a la salud existe con rango constitucional y muchos de quienes no puedan pagar utilizarán esa vía. Nada de eso es bueno si lo que se pretende es un sistema equitativo, eficiente, eficaz y racional.

Con lo normativo-administrativo solo no alcanza. Las decisiones deben ser soberanas

Una nueva oleada de gobiernos nacionales y populares volverá a Latinoamérica a medida que las experiencias de derecha vayan dejando sus consecuencias negativas para las mayorías. No aprovechar los tiempos que corren, sería perder una oportunidad para debatir ampliamente con la sociedad y diseñar una propuesta de reestructuración de nuestro sistema de salud. Debemos tener claro que la creación de un nuevo sistema de salud no depende únicamente de medidas legales o administrativas, sino de la posibilidad de construir herramientas para sostener la lucha cultural, componente fundamental a la hora de hacer política y para que las transformaciones sean socialmente sostenibles. Este es un punto central ya que los poderosos intereses económicos que se deben enfrentar detentan un enorme poder de lobby a nivel político y, además, trabajan permanentemente sobre el “sentido común” de los trabajadores de la salud y de la sociedad en general, desgastando los procesos de cambio. Es sustancial que toda la población vaya comprendiendo y asumiendo las ventajas de un sistema de salud nuevo, enancado en valores de solidaridad y justicia social, accesible para todos y, al mismo tiempo, ir derribando el mito de que todo esto no es compatible con la calidad y la excelencia. Estos procesos son largos, y solo se consolidan cuando se instalan como una nueva cultura. Por otra parte, es imprescindible considerar que la estrategia a utilizarse debe tener presente todos los factores determinantes y condicionantes a afrontar y, también, que no basta con definir “qué hacer”. Hay grandes coincidencias sobre ello entre quienes concebimos a la salud como derecho; en consecuencia, debe pensarse más en “cómo se hace”. Finalmente, es imprescindible poder decidir soberanamente los objetivos y los caminos a seguir y tener plena conciencia de que la participación amplia de la comunidad será la garantía para hacerlo posible.  

Los Problemas de un problema complejo: crear un nuevo sistema.

La complejidad de los problemas a resolver hace necesario trabajar varios agrupamientos de temas que, además, no pueden resolverse por separado o de uno a la vez sino que deben encararse en forma simultánea.

1. Marco Constitucional.

La salud como derecho no figura en el texto de la Constitución de 1994 sino mediante la adscripción a tratados internacionales a la cual se adhiere. Es menester trabajar en una nueva Constitución donde el derecho a la salud figure plenamente, como así también es importante determinar la responsabilidad del Estado en la búsqueda de su garantía, a través de sentar las bases conceptuales de un sistema de salud integrado y tutelado por el Estado.

     2. Ley Nacional de Salud.

Debe dictarse una nueva norma que reemplace a las leyes 23.660 y 23.661 y sus modificatorias. Si hubiera una nueva Constitución sería en ese marco y si no pudiera consagrarse, la nueva normativa se constituiría en el principal sostén legal del nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud. Consideramos que debe ser una ley de alcance nacional de cumplimiento obligatorio para todas las provincias.

        3. Fragmentación del Subsector Público. Multiplicidad de jurisdicciones.

La gobernanza de este subsector resulta casi imposible debido a la multiplicidad de actores (nación, provincia y municipios), a las grandes asimetrías entre las provincias y los municipios y a la inexistencia de una unidad de gobierno siquiera dentro de las estructuras de cada jurisdicción. También existe una articulación ínfima a nivel nacional entre las políticas del MSal, el PAMI (INSSJP), la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), los hospitales de las FFAA y los universitarios.

En las provincias casi no se articula entre los Ministerios de Salud de cada cada una de ellas y las Obras Sociales Provinciales.

Las estructuras de coordinación generadas con el fin de integrar las políticas, Consejo Federal de Salud (COFESA) y Consejos Regionales de Salud (CORESA), prácticamente no cumplen con ese fin a nivel operativo.

Los programas nacionales que “bajan” verticalmente hacia todo el país, como Remediar, Sumar, Médicos Comunitarios, etc., son las principales herramientas de homogeneización de políticas sanitarias que se vienen utilizando desde hace tiempo. Muchos de ellos son sustentados con financiamiento internacional del Banco Mundial o el BID, no son sistémicos sino focalizados y están condicionados por la intromisión de una tecnocracia que impone criterios que no se corresponden con las necesidades sanitarias. Estos programas, aunque han contribuido en el desarrollo de las capacidades del sistema de salud, en la práctica han tenido muy poca incidencia para homogenizarlo y, por el contrario, han colaborado a aumentar su fragmentación.    

       4. Debilidad de primer nivel de atención.

La estrategia de la Atención Primaria de la Salud atraviesa todos los niveles de complejidad de un sistema sanitario pero, indudablemente, sin un primer nivel homogéneo en lo conceptual y fuerte en lo operativo en todo el país, la aplicación efectiva de esta estrategia es una quimera. El Primer Nivel de Atención (PNA) debería ser la puerta de entrada al sistema, y su gran ordenador; el que articula los dispositivos de referencia y contrareferencia con los otros niveles, garantiza el funcionamiento en red, incentiva la participación comunitaria en el cuidado de la salud y el que asegura, a través de la acción integral de equipos de salud, la aplicación efectiva de los programas y acciones de prevención. El PNA humaniza la relación entre los trabajadores de la salud y los ciudadanos y genera sus responsabilidades concretas sobre una determinada población.

El PNA depende de las administraciones provinciales, salvo en Buenos Aires y Córdoba que delegaron esa función al nivel municipal. Pero también, hay numerosos Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) municipales en las provincias en las que no fue delegado el PNA a los municipios. En conjunto, no se llevan más del 5% de la inversión en salud. Los CAPS tienen, en general, problemas crónicos de falta de personal, equipamiento e insumos, no siguen un patrón conceptual común, y la mayoría de ellos no realiza tareas planificadas de prevención y promoción ni de organización comunitaria, es decir, son predominantemente asistenciales. No trabajan con criterio de equipo interdisciplinario y la rotación del personal, sobre todo profesional, es muy alta, habiendo regiones en las que es casi imposible conseguir profesionales para cubrir las vacantes.

     5. Subsector de OS desordenado y desfinanciado.

Existen en el país 303 obras sociales nacionales de las cuales solo diez concentran el 48,2% de los afiliados, se financian de los aportes de los trabajadores y empresarios y tienen un universo de 12.5 millones de afiliados, entre titulares y familiares. La disparidad de tamaño entre OS es muy grande (las más pequeñas son económicamente inviables) y no existen mecanismos de integración para corregir estas asimetrías entre ellas y menos aún con el subsector público. Están fiscalizadas por la SSS en el cumplimiento del Programa Médico Obligatorio y otras cuestiones de exigencia legal.

Las obras sociales provinciales tienen un padrón de alrededor de 7.000.000 afiliados, presentan problemas de gestión y financiamiento crónicos por diferentes causas y son administradas por funcionarios de los gobiernos, pero carecen de articulación formal con el sector público. En algunos casos, las cajas de su recaudación se han unido a las cuentas únicas de los tesoros de la provincia. Ademá, no hay participación relevante en la gestión por parte de los trabajadores. Por último, no desarrollan una estructura prestacional propia, sino que contratan servicios de privados o utilizan los hospitales públicos.   

       6. Las empresas de medicina prepaga: posición dominante que crece.

Las empresas de medicina prepaga es el sector que más ha crecido, el que desfinancia a los otros dos subsectores y distorsiona el sistema en su conjunto. Tiene una masa de 4.5 millones de asociados de los cuales solo la mitad son asociados directos, el resto provienen de las OS No obstante, este sector representa el 29% del gasto total en salud . Cinco empresas, OSDE, SWISS MEDICAL, GALENO, OMINT y MEDICUS, manejan en la actualidad el 76% de la oferta privada de prestación, compiten en el mercado de la salud y se cartelizan cuando les conviene. Sin el aporte de los afiliados de las OS, la mayoría sería inviable económicamente. Fiscalizadas por la SSS que no articulan acciones de salud con ningún otro subsector.

       7. Desorden en el financiamiento.

El financiamiento del subsector público, nacional, provincial y municipal proviene de la recaudación de impuestos y brinda cobertura a todo ciudadano que lo demande, particularmente a los 14.000.000 ciudadanos que no tienen OS ni medicina prepaga. También da cobertura general en ítems como vacunas y diferentes programas de prevención, promoción y rehabilitación a toda la población, incluso a los que sí tienen OS o prepaga.

Se calcula que al año 2015 la cantidad de prestaciones de salud realizadas a personas con cobertura de OS o prepaga no recuperadas por el Estado era de $ 35.000 millones. Dos ejemplos: prácticamente el 100% de la accidentología y siniestralidad en todo el país se atiende en etapa aguda en los hospitales públicos y utilizan sus ambulancias de emergencia y más de la mitad de los nacimientos del país que se hacen en maternidades públicas son de mujeres con OS o prepaga.

El Estado (nacional, provincial y municipal) financia entre el 32% del gasto total en salud del país, estimado en 45.000 millones de dólares, y cubre al tercio de la población que tiene cobertura pública exclusiva más un conjunto enorme de prestaciones que brinda a población con cobertura de OS o prepagas. Este es un primer desbalance en la financiación de un sistema con tres subsectores como el argentino, ya que si el sector público en su totalidad pudiera recuperar esos recursos de prestaciones no percibidas incrementaría en 25% los fondos con los que actualmente cuenta para financiarse.

El Estado invierte alrededor de un 32% del gasto total del país en salud que se distribuye de la siguiente manera: 6% nación, 23% provincias y 4% municipios.  

Las OS nacionales se financian con los aportes de los trabajadores (3%) y patronal (6%). Entre 2002 y 2006, se produjo una fuga masiva de más de 2 millones de afiliados hacia la medicina prepaga, producto del decreto 446 firmado en el año 2000. Esto desfinanció a las OS en una cifra que, para el año 2015, se estimó en 120.000 millones de pesos. La modalidad que permitió esta “trampa” fue la de liberar los requisitos para ejercer la opción. Aparecieron OS pequeñas que firmaron contratos con las grandes empresas de medicina prepaga y que no tienen ninguna capacidad prestadora. De unos pocos afiliados propios, pasaron a manejar cientos de miles provenientes de otras OS, contratando servicios de prestación a las prepagas. Según datos de la SSS, cuatro OS pequeñas, que en conjunto no superan los 25.000 afiliados propios, manejan una cartera de un millón de afiliados sin tener estructura prestacional propia. Las OS nacionales que habían logrado desarrollar una gran capacidad prestadora con hospitales insignia como el Policlínico Bancario, el Ferroviario o el de la UOM, entre muchos otros, tercerizaron sus servicios hacia prestadores privados, convirtiéndose en meros administradores. De esta manera, se vulneró el principio de solidaridad por lo cual los que más ganan, los más sanos y los más jóvenes, subsidian a los que menos ganan, los que más se enferman y los más viejos.

Las OS provinciales se financian con los aportes de los salarios de los trabajadores y del Estado que los emplea, aunque es frecuente que éste no realice esos aportes según la situación económica de la provincia, lo cual genera desfinanciamiento. En muchos casos, son las principales deudoras del propio sector público provincial por prestaciones realizadas a sus afiliados en efectores públicos.

     8. Formación de RRHH en salud.

La formación mayoritaria en las universidades prepara a profesionales y no profesionales con los contenidos del modelo denominado médico hegemónico, una visión liberal de la salud, mercantilista, individualista, tecnologicista y medicalizadora. Ese tipo de trabajador de la salud es renuente a trabajar dentro de sistemas que le impongan determinados criterios o reglas de juego y, menos aún, a pensar la salud como una construcción colectiva.

    9. Multiplicidad de otros actores con poder creciente de incidencia.

Otros actores que forman parte del sistema de salud argentino han ido cobrando crecientes grados de poder y decisión, condicionando el funcionamiento sistémico.

   10. Los Colegios de profesionales, en particular los de médicos, han recibido en la mayoría de las provincias la delegación del poder de control de la buena práctica profesional de parte del Estado. Con el tiempo se hace necesario rediscutir si ese rol se está cumpliendo, es decir, si se cumplen las misiones y funciones de contralor que el Estado les delegó por vía legal y cómo se deberían integrar a un nuevo sistema.

     11. Las asociaciones de profesionales (círculos médicos) y las asociaciones científicas

La organización de la comunidad, en diferentes formas, alrededor de intereses comunes es un hecho auspicioso para la democracia por el fortalecimiento que produce la participación en la vida institucional de un país. La defensa y promoción de intereses sectoriales es válida siempre y cuando no esté por encima de los intereses superiores, que son los del conjunto de la sociedad y que deben estar tutelados y garantizados por el Estado. En ese sentido, las diferentes asociaciones de profesionales deben aportar al enriquecimiento de la salud dentro de los marcos impuestos por los intereses superiores del total de la población. En la actualidad, la capacidad de imponer intereses sectoriales por encima de los intereses comunes por parte de algunas de estas asociaciones atenta fuertemente contra el funcionamiento armónico del sistema.   

   12. La disyuntiva: continuar administrando lo malo o avanzar hacia lo nuevo

Por lo tanto, queda claro que el sistema de salud argentino como está en la actualidad es casi un “no sistema”, ingobernable, con una injerencia cada vez mayor del “mercado” y la situación empeorará seguramente mientras duren las políticas neoliberales como las del actual gobierno. Se han enumerado una serie de problemas estructurales, que no son los únicos pero posiblemente los más relevantes, habida cuenta de la enorme trama de intereses creados que hay detrás de cada uno de ellos. La opción entonces será decidir si se va continuar administrando este escenario, instrumentando algunas medidas de corrección a modo de “parche” o si, en cambio se planteará la necesidad de una reestructuración integral y sistémica. No cabe duda de que si lo que se procura es una mejor salud para todos y todas, el camino a seguir será este último.

Referencias bibliográficas:

(1) Hernández Álvarez, M. E. 2010. Nueva reforma en el sector salud en Colombia: “portarse bien para la salud financiera del sistema”. Medicina social Vol. 5 Nro 4. Disponible en: www.medicinasocial.info.

(2) (5) (9) Cetrángolo, O. 2014. “Financiamiento fragmentado, cobertura desigual y falta de equidad en el sistema de salud argentino”. Revista de Economía Política de Buenos Aires IIEP/UBA – UNTREF. Año 8. Vol. 13.

(3) (4) Superintendencia de Servicios de Salud. Disponible en: http://www.sssalud.gov.ar/

(6) (7) Fundación Soberanía Sanitaria (FSS) elaboración propia en base a cantidad de prestaciones anuales atendidas en hospitales y CAPs públicos de población con OS o Prepaga en base nomenclador año 2015, tomando datos de la Dirección  de Estadísticas en Información de Salud del MSal de Nación y otras fuentes.

(8) Fundación Soberanía Sanitaria (FSS) en base a Federico Tobar: “gasto de medicamentos en Argentina 2007”. Instituto de estudios sobre Políticas de salud (IEPS): estudios de investigación “medicalización en Argentina” año 2010. Evolución del gasto de medicamentos del APE/ SSS 2014. Marín GH, Polach MA. Medicamentos de alto costo: análisis y propuestas para los países del Mercosur. Revista Panamericana de Salud Pública. 2011;30(2)167–76.

Daniel Gollan y Nicolás Kreplak