En su primer mes, el gobierno de Milei está mostrando de qué se tratan sus políticas: devaluación, transferencias de recursos y empresas públicas a un pequeño grupo de empresas, pasar por arriba el Congreso Nacional, desmantelar la ciencia y la tecnología nacional, con un profundo ajuste sobre las mayorías y el intento de impedir la protesta social.
Con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada comenzó, en apenas unos días, un plan de shock fiscal muy agresivo que incluye una devaluación del tipo de cambio oficial del 118%, el anuncio de la quita de subsidios a la energía y transporte, y un achicamiento del Estado, simbólico en términos del ahorro, pero oportunista desde lo discursivo para justificar este ambicioso ajuste que caerá sobre las mayorías.
El discurso presidencial es un montaje para atender los reclamos históricos de grandes grupos económicos. Con el DNU 70/2023 presentado por Milei, y diseñado con Sturzenegger, el gobierno nacional se propone consolidar e incrementar los beneficios de las corporaciones dominantes, nacionales y multinacionales, al mismo tiempo que desampara aún más a consumidores y Pymes, siempre en nombre de la libertad y la competencia. El decreto avanza sobre derechos laborales y busca debilitar la organización gremial de lxs trabajadorxs. Todo esto a través de una batería de derogaciones y modificaciones de leyes.
Durante la campaña, Milei fue especialmente duro en relación a la ciencia y la tecnología, al afirmar que la ciencia debería quedar en manos del sector privado, que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCYT) debería dejar de existir, y que el CONICET debería ser privatizado. Estas declaraciones fueron acompañadas de un permanente ataque al rol que cumplen las ciencias sociales.
En el área de Ciencia y Tecnología, la primera medida concreta fue la degradación del área que deja de ser Ministerio y pasa a ser una Subsecretaría, a partir del DNU de la Ley de Ministerios. Las funciones de ciencia en el gobierno de Milei quedan en la órbita y competencias de la Jefatura de Gabinete (JGM).
En el decreto publicado el 15 de diciembre, queda oficializada la degradación del Ministerio a Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología dentro de la JGM, donde la Ciencia y la Tecnología tendrá rango de Subsecretaría. Quedan, también, dentro de la JGM el CONICET, el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), la CONAE, la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (ex Agencia I+D+i) y la empresa VENG, entre otros.
Un financista para el desmantelamiento del MINCyT
La Secretaría de Innovación quedó a cargo de Alejandro Cosentino, Licenciado en Administración de Empresas y Contador Público de la Universidad Católica Argentina, con pasado en el Grupo Exxel, el banco Río y American Express, y es el primer profesional con una inclinación en gestión financiera en ocupar el puesto. Cosentino fue fundador y CEO de Afluenta empresa Fintech de crowdfunding financiero, que ofrece créditos personales con tasas mucho más elevadas que las que ofrecen los bancos tradicionales. Posee un profundo desconocimiento del sistema científico y tecnológico, de las capacidades y de las necesidades que tiene nuestro país para desarrollarlo.
Con Cosentino a la cabeza, se está llevando adelante el proceso de destrucción y desmantelamiento del ex MINCYT. Se están fusionando diversas áreas con la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) y la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI), al mismo tiempo que las áreas administrativas pasan a depender de la JGM. En estas condiciones no será posible llevar adelante los principales programas de inversión y fortalecimiento de la ciencia a lo largo de todo el país, lo que significará un enorme retroceso para el futuro de nuestra ciencia.
Es de sospechar que el gobierno incumpla la Ley de Financiamiento de Ciencia, Tecnología e Innovación que prevé llevar el presupuesto nacional al 1% del PBI en 2032 y que venía cumpliéndose desde su sanción en el año 2021.
Las áreas y el personal de la JGM (funcionarios y más de 200 personas) están migrando al edificio del Polo del ex Ministerio, en las ex-bodegas Giol, a la par de la expulsión del personal, áreas y capacidades del Polo que migran hacia otras áreas del Estado. De esta manera se eliminan las capacidades administrativas del MINCyT, que harán imposible la ejecución de fondos para proyectos. Se elimina, además, el área responsable de las políticas de federalización, con la pretensión de continuar desmantelando las capacidades que generó el ministerio a lo largo de años desde el 2007 hasta la actualidad.
Es de sospechar que, acompañada de la degradación de la estructura del ex-MINCYT, el gobierno incumpla la Ley de Financiamiento de Ciencia, Tecnología e Innovación que prevé llevar el presupuesto nacional al 1% del PBI en 2032 y que venía cumpliéndose desde su sanción en el año 2021.
El sistema de ciencia
La incertidumbre reina en el sistema, además, por otras dos cuestiones. Por un lado, aún hay áreas de ciencia y tecnología y de organismos que dependen de decisiones del gobierno nacional donde no hay nombramientos de nuevas autoridades y, en muchos casos, tampoco hay un proceso de transición en marcha. En los casos donde hay reuniones con nuevas autoridades es usual que las mismas tengan un desconocimiento muy grande del área, y las exigencias son de recortar presupuesto y sostener solo aquello que tuviera “rentabilidad”.
Así, se pone de manifiesto no solo un enorme grado de desconocimiento, sino una deliberada degradación del funcionamiento del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. La voluntad por destruir lo público está en línea con un proyecto económico de reprimarización de la economía.
Por otra parte, la cuestión presupuestaria acapara buena parte de la preocupación de la comunidad, como se vio en estos días con el resumen de la reunión de directorxs de CCT del CONICET. La situación del CONICET, respecto de no llegar a junio con el presupuesto actual, no es producto de ningún anuncio o novedad particular de estos días, sino que es una situación análoga a la de los demás organismos de ciencia, las universidades nacionales y al estado nacional en general. Se trata de la combinación de dos afirmaciones incompatibles entre sí: por un lado, la afirmación del gobierno nacional de que el presupuesto será el mismo que el de 2023, y por otro la intención expresada en reiteradas oportunidades por Salamone de dar continuidad al trabajo del CONICET. La resolución de este problema, generado solo por el gobierno nacional, es incierta y probablemente no sea la misma para cada organismo, puede oscilar desde efectivamente un aumento de presupuesto que permita la continuidad, hasta un ajuste de personal (como ya sucede con el despido del personal de la administración pública contratado durante el 2023), reestructuraciones, o las privatizaciones que ya están resonando.
Lo que sucedió estos días no fue la confirmación de una definición o resolución en ninguno de estos sentidos, sino que fue la difusión, dentro de la comunidad, de una realidad incierta que se arrastra desde la asunción de este gobierno. Por supuesto, la organización del sector es fundamental para defender nuestro sistema y cuanto antes suceda mejores condiciones habrá para ello.
DNU y Ley ómnibus: una (des)regulación a favor de los mismos de siempre
A partir del DNU 70/2023 que deroga cientos de leyes y del proyecto de ley “ómnibus” que intenta declarar la emergencia en múltiples áreas, se evidencia que el mismo poder económico concentrado de siempre está detrás de este intento de desorganización económica, política y social. Ambos textos fueron analizados como inconstitucionales y parecen más propios de una autocracia, pero lo que está de fondo son las medidas de desregulación a favor de los grandes empresarios, la quita derechos laborales y la penalización de la protesta social.
Es llamativo que en casi ningún caso se menciona a la ciencia, excepto para buscar la privatización de empresas públicas clave para el sector. En el proyecto de ley, de un total de 41 empresas públicas sujetas a privatización, se destacan: YPF (lo cual incluye, entre otras cosas, el 51% de Y-TEC), Aerolíneas Argentinas, las empresas de la industria satelital y aeroespacial VENG y ARSAT (que además tiene la Red Federal de Fibra Óptica y el Centro de Datos), las empresas del sector nuclear Nucleoeléctrica, Dioxitek y el Polo Tecnológico Constituyentes, la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (INTeA) y Fabricaciones Militares. En el mismo sentido, el DNU directamente establece la eliminación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos.
Sin embargo, no se toca ninguna de las principales leyes del sector: ni la Ley 25467 que establece los lineamientos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (por lo tanto siguen en pie tanto los organismos de CyT y los diferentes arreglos institucionales, como el GATEC, el CICyT, el COFECyT, etc.), ni la Ley 27614 de financiamiento del sector (que se avizora de difícil cumplimiento), ni la Ley 27738 que contiene el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, entre tantas otras.
Resulta imposible saber, con los niveles de improvisación y desconocimiento que presenta el gobierno actual, si luego existirán novedades específicas del sector que reformen su estructura. En este sentido, el proyecto de ley menciona la posibilidad de que el poder ejecutivo intervenga organismos descentralizados. De esta manera el CONICET y otros organismos descentralizados podrán ser intervenidos, lo que implicaría la disolución de sus directorios.
Por lo pronto, el intento de privatizar las empresas nacionales antes mencionadas busca atacar un eslabón clave en la transferencia tecnológica y el impacto productivo de nuestro sistema en cada una de sus áreas. En todos los casos, estamos hablando de un deterioro sin precedentes de nuestro sistema.
Nos preocupa el destino de miles de jóvenes que hoy están estudiando carreras científicas y tecnológicas que el país tanto necesita, y que las políticas del gobierno les quiten la esperanza, la expectativa y las posibilidades de hacer ciencia en nuestro país.
Desde Ciencia Propia vemos con preocupación el proceso de desguace que se pretende llevar a cabo en el sistema nacional de ciencia y tecnología. A su vez, tenemos confianza en que el pueblo argentino es consciente y no se dejará amedrentar, así lo demuestran las manifestaciones que comienzan a aflorar a lo largo y ancho del país. Nos preocupa el futuro de la ciencia argentina porque nos preocupa nuestra patria, y sabemos que sin ciencia nacional no hay soberanía ni justicia social posible. Nos preocupa el destino de miles de jóvenes que hoy están estudiando carreras científicas y tecnológicas que el país tanto necesita, y que las políticas del gobierno les quiten la esperanza, la expectativa y las posibilidades de hacer ciencia en nuestro país. Al mismo tiempo, nos preocupa el panorama completo de la realidad de nuestro país, y no solo el de nuestro sector.
Creemos que el sector científico tiene que estar movilizado para defender el SNCTI pero, aún si hubieran respuestas parciales en lo que a nuestras demandas respecta, estamos convencidos de que quienes hacemos ciencia y tecnología en Argentina debemos seguir movilizadxs por los millones de compatriotas víctimas de estas medidas. De nada sirven unas decenas de miles de científicxs en sus oficinas si fuera de ellas el país se desangra. Por todo ello desde Ciencia Propia estaremos ahí, generando organización para defender nuestra ciencia y nuestro país.
Ruben Geneyro