Por Victor Garcés y Julia Satlari
“Los dolores que quedan son las libertades que nos faltan”, se pronunció la juventud de Córdoba luego del hecho político universitario de mayor alcance que se haya visto en la historia latinoamericana. Precedió a las distintas revoluciones que sucedieron a lo largo de esos años en América Latina y el Caribe, con notables ejemplos como los de Cuba o Perú, de donde emergió el pensador peruano Mariátegui. El Mayo Francés, la Primavera de Praga y el Cordobazo irrumpieron medio siglo después con la impronta inolvidable de la Reforma.
La Universidad argentina en el siglo XX
Es inevitable, e imprescindible, pensar la Reforma como parte de un proceso histórico, y de esa manera trazar los desafíos y objetivos de la juventud argentina (y latinoamericana) a cien años de la publicación del Manifiesto Liminar.
Cogobierno, periodicidad de la cátedra, enseñanza libre, extensión universitaria, son las principales demandas que empezó a articular la universidad argentina a partir de la Reforma. Profundamente antiimperialista, hija de la Revolución de Mayo, el movimiento reformista tomó como parte de sus proclamas la unidad americana, la unidad obrero estudiantil, la ayuda social y la gratuidad universitaria. Muchas de estas demandas fueron efectivas y otras quedaron (y quedan) inconclusas.
El primer gobierno radical significó establecer en la agenda la cuestión social, materializada en el ascenso de sectores de la clase media, al mismo tiempo que habilitó las demandas por una Universidad menos oligárquica y tradicional.
Deodoro Roca, dieciocho años después, diría que “reforma universitaria es lo mismo que reforma social” y que “el puro universitario es una cosa monstruosa”. Gran parte de estos dolores que faltan fueron las conquistas sociales que el primer peronismo otorgó con la gratuidad universitaria y la creación de la Universidad Obrera Nacional, cuando por primera vez la política universitaria, el ascenso social y el proyecto de nación dialogaron entre sí.
Durante las dictaduras que siguieron y la proscripción al peronismo se crearon las primeras universidades privadas y la investigación comenzó a estar cada vez más condicionada por capitales extranjeros; dando lugar a debates acerca de cómo ejercer la enseñanza y la investigación. El impulso que el primer peronismo había dado a la universidad y el desarrollo tecnológico desembocó en lo que se dio a llamar la Edad Oro de la Universidad que concluyó en la Noche de los Bastones Largos, otro hito -marcado en negro- de la historia argentina y universitaria en relación a las tensiones entre procesos políticos y los centros de producción de conocimiento. En los 70 la creación de revistas como Antropología del Tercer Mundo y Ciencia Nueva, sentaron los debates entre política y universidad que acompañaron el retorno de la democracia sin proscripciones y con un proyecto de universidad y país inclusivo, popular y soberano.
Otro hito de suma importancia sucedió alrededor de la concepción de la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires de 1973 y al proceso universitario que aconteció en todo el país durante el gobierno de Cámpora. El acceso a la universidad fue nuevamente masivo, con breves pero intensos ensayos por transformar la pedagogía y la creación de espacios universitarios en los barrios bajo el lema “El pueblo a la universidad y la universidad al pueblo”. La masividad no fue solo una cuestión cuantitativa sino cualitativa: la disputa pasó por la producción del conocimiento y el ingreso a la academia de temas referidos a “lo popular” que hasta ese momento no eran parte de los planes de estudio.
Luego vinieron los años nefastos de la triple A y la Dictadura militar. Muchas de las personas que habían trabajado activamente en el proyecto de Universidad Popular fueron detenidas, siguen desaparecidas o tuvieron que exiliarse. La incidencia del Estado sobre los temas de estudio nuevamente fue represiva y recortó cada tópico que pudiera considerarse “subversivo”. El miedo y el terror de esos años dejaron el vacío de una generación que había roto los cánones de qué se podía estudiar y qué no, y es nuestro desafío recuperar sus trabajos fortaleciendo la memoria colectiva y retomando sus reflexiones.
El retorno de la democracia marcó a las universidades con su apertura liberal de posdictadura: lo que se había estado gestando en “las catacumbas”, las nuevas teorías ingresaron a las viejas casas de estudio con nuevos planes e incluso nuevas carreras que demandaba la época. Sin embargo, durante los 90 el ajuste y las políticas de hambre, hambrearon también las posibilidades de desarrollos soberanos en nuestro país. El financiamiento exterior y las amenazas de arancelamiento de la Universidad pública fueron el tono de esos años. El sistema científico entró en una decadencia profunda con un presupuesto ínfimo y la apatía total de un estado empequeñecido y débil, mandando a lxs científicxs a lavar los platos.
Entre los años 2003 y 2015 se realizaron profundas transformaciones en pos de reconstruir y reactivar el sistema científico-tecnológico y generar condiciones para impulsar el desarrollo nacional soberano. La sanción de la ley 27204 que establece el ingreso irrestricto y la educación superior como derecho humano, el convenio colectivo docente y no docente, la creación de nuevas universidades nacionales, la multiplicación de becas, el aumento notable del presupuesto universitario y del sistema científico tecnológico, la repatriación de científicos que se habían exiliado en los 90, son sin dudas parte de una continuidad histórica que tiene como un (posible) punto de partida la Reforma de 1918.
Podemos, entonces, afirmar con seguridad que los vaivenes políticos a lo largo de nuestra historia han tenido su reflejos en el desarrollo universitario y científico que subrayan la importancia de la Universidad como espacio de disputa en tensión con los poderes dominantes.
Los desafíos a cien años de la Reforma
Resulta fundamental conocer y debatir las conquistas, retrocesos y contrastes en nuestra historia para dar cuenta de los avances tanto como de las materias pendientes. Al mismo tiempo, es imprescindible poder caracterizar qué implicancias tienen las conquistas logradas, y así evitar que caigan en letra muerta.
En primer lugar, la universidad argentina es pública. Sin embargo, el acceso a la educación superior es aún hoy un privilegio de estudiantes que cuentan con determinadas herramientas o apoyos que exceden el carácter público de la universidad. Estas ventajas se traducen en la posibilidad de solventar el acceso y la permanencia en relación a los bienes simbólicos que requiere la formación académica.
La gratuidad universitaria es una de las grandes conquistas que logró el peronismo, y permitió el acceso y el aumento de la participación de las clases populares en la educación superior. Aún así existen gastos como el transporte, el alojamiento, la alimentación, los apuntes, libros y materiales que tienen costos que no forman parte del concepto de gratuidad. Estudiar implica la imposibilidad de trabajar o poder trabajar en jornadas reducidas para poder dedicarse al estudio, lo que significa un ingreso no percibido. Las dificultades antes mencionadas complejizan la idea de gratuidad universitaria.
Además, en relación a la libertad de cátedra que hoy rige como principio de nuestra universidad, es necesario complejizar y profundizar la mirada puesto que al estar fuertemente direccionada por entidades privadas que financian las investigaciones e invierten en determinadas disciplinas, imponen los temas de relevancia y coartan la libertad de elección de los temas de trabajo/ estudio. Estas prácticas se agravan cuando el Estado retrocede en la financiación del sistema universitario y del sistema científico tecnológico. Es fundamental cuestionar y problematizar nuestros modos de producción de conocimiento para que respondan a lógicas nacionales y anticolonialistas.
Una de las conquistas de la reforma universitaria es el ingreso de los y las estudiantes al cogobierno. Sin embargo, en muchas universidades esta representación estudiantil es limitada, lo que permite la conformación de grupos concentrados de profesores. No menos importante es la participación no docente que sigue siendo una deuda en la mayoría de las universidades nacionales.
La autonomía universitaria, establecida en el Artículo 75 Inciso 19 de la Constitución Nacional, no posee una definición unívoca, sino que es sujeto de disputas por el sentido y las interpretaciones alrededor de qué significa, desde el iluminismo con el escrito de Kant “El conflicto de las Facultades” (1798) hasta el día de hoy. Debemos pensarla respecto a cuatros principales espacios: las corporaciones, los organismos internacionales, lxs profesores y el Estado.
Surge de esto que uno de los elementos clave para otorgar autonomía es la financiación de la universidad, que debe ser responsabilidad indelegable del Estado. Otro elemento clave de la autonomía es poder definirla en función de un objetivo, de un proyecto de país soberano y con justicia social, por lo que no puede entrar en colisión con intereses anti nacionales o corporativos.
El proyecto de universidad que queremos se encuadra dentro de un proyecto nacional. Desde ese lugar no pueden haber corporaciones de ningún tipo ni organismos internacionales dictando cuáles deben ser los lineamientos de los planes de estudio de grado y posgrado o de los proyectos de investigación. Las decisiones deben tomarse de maneras que garanticen la democracia y la plena representación de todos los sectores que ponen en funcionamiento los espacios de estudio, extensión e investigación.
También es imperativo democratizar el acceso, permanencia y egreso para promover la movilidad social ascendente, y democratizar el conocimiento que se produce dentro de las universidades para que la sociedad pueda apropiarse de esos conocimientos.
¿HACIA DÓNDE VAMOS?
En el año de un nueva edición de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) en Córdoba a cien años de la reforma, ámbito que convoca a toda la comunidad de la educación superior de América Latina y el Caribe, es necesario recordar el precedente de la conferencia realizada en el 2008 en Cartagena de Indias, en donde, con otro panorama regional, se estableció como premisa que:
“La Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado. Ésta es la convicción y la base para el papel estratégico que debe jugar en los procesos de desarrollo sustentable de los países de la región.”
El desafío de este año y de los que siguen será sostener la educación superior como un derecho humano en una etapa de retrocesos en las conquistas sociales en la región. Es necesario conocer y discutir todas las formas, las más explícitas pero también las más sutiles de mercantilización de la educación superior.
A cien años de la Reforma, sabemos que la educación superior sigue siendo un privilegio y por eso entendemos que es nuestro deber como universitarixs darnos el tiempo para una reflexión profunda acerca de qué tipo de universidad queremos y qué queremos decir cuando decimos que la universidad es gratuita, libre, autónoma, cogobernada, democrática, de ingreso irrestricto.
La batalla es afuera, por un modelo de país soberano, que persiga con firmeza la necesidad de un desarrollo científico autónomo y descolonizador en todas las áreas; y hacia adentro: para que nuestro sistema universitario y científico pueda dar respuesta a las necesidades de la comunidad y ser realmente inclusivo.
Ciencia Propia
Ruben Geneyro