Por Sergio Romano
Resumen
Desde la creación de su primera área de “Transferencia de Tecnología” en 1984 el CONICET ha experimentado debates y transformaciones relacionadas a su política de vinculación tecnológica y propiedad intelectual en sintonía con los debates y desafíos de la comunidad científica en particular y de la sociedad argentina en general. Luego de dos años de una nueva gestión en el CONICET, en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y en el gobierno nacional, nos proponemos plantear algunos balances y desafíos pendientes de la vinculación tecnológica de nuestro organismo.
EL CONTEXTO
Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
El fuerte proceso de reconstrucción del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) iniciado en los gobiernos de Néstor y Cristina llevaron la inversión en la función ciencia y técnica del presupuesto nacional del 0,18% del PBI en 2004 al 0,35% en 2015 iniciando una nueva etapa en la historia del CONICET caracterizada por la expansión de su infraestructura y la fuerte ampliación de su comunidad de investigadores, becarios, profesionales de apoyo y administrativos. Aquel proceso truncado por el gobierno de Mauricio Macri que disminuyó año a año la inversión en la función ciencia y técnica llevándola al 0,22% en 2019, volvió a recuperar su carril de crecimiento con la asunción del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y tiene hoy por primera vez un camino trazado con el respaldo de todas las fuerzas políticas en el Congreso Nacional para elevarlo hasta el 1% en 2032 de acuerdo con la ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, sancionada el 24 de febrero de 2021. Esta ley es uno de los hitos claves de este nuevo contexto que le permitirá al SNCTI no sólo aumentar su inversión y llegar a cuadruplicar en términos porcentuales su participación en el presupuesto nacional, sino hacerlo de manera planificada, con objetivos consensuados en la ley y debatidos por la comunidad científica permitiendo ampliar el espectro posible de políticas públicas sin las tensiones naturales de un crecimiento no planificado (o del llano ajuste).
Ley de Economía del Conocimiento
Otra ley clave de este período, sancionada en octubre de 2020 también con el respaldo de todas las fuerzas políticas, es la Ley de Economía del Conocimiento que apunta a crear incentivos en el sector privado (descuentos de hasta el 60% en el Impuesto a las Ganancias y devolución de hasta el 80% de las contribuciones patronales de los salarios de los trabajadores y trabajadoras) en nuevas tecnologías, empleo de calidad y exportaciones de las empresas que se dediquen a productos y servicios basados en el conocimiento intensivo. Esta ley también genera un marco de previsibilidad e incentivos para aumentar la inversión privada en investigación y desarrollo que se encuentra desde hace una década en un promedio muy bajo de apenas el 0,17% del PBI.
Pandemia de COVID-19
La pandemia causada por el SARS-CoV-2 ha traído graves consecuencias económicas y sociales en Argentina y el mundo entero, costándole la vida a más de 129.000 argentinos y argentinas a la fecha. Pese a las heridas y desafíos que el proceso de reconstrucción llevará (sobre todo las tensiones sociales para garantizar que la recuperación se distribuya de manera equitativa y los costos recaigan sobre quienes tienen mayores posibilidades económicas de afrontarlos), el rol del sistema científico en general y de la vinculación tecnológica en particular se han visto fuertemente fortalecidos y reivindicados en la sociedad. Las políticas proteccionistas desplegadas por la mayoría de los países productores de tecnología médica y de vacunas hicieron que la crisis sanitaria se agudice en muchos países. En Argentina, la rápida creación de la Unidad Coronavirus en marzo de 2020 encabezada por el entonces Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, el Subsecretario de Coordinación Institucional, Pablo Nuñez, la presidenta del CONICET, Ana Franchi, y el presidente de la Agencia de I+D+i, Fernando Peirano, permitió orientar fuertemente las capacidades y recursos del sistema científico para dar respuestas urgentes a nuestra sociedad y garantizar la soberanía sanitaria.
La vinculación tecnológica del CONICET en ese marco ha sido motivo de orgullo y fuerte reconocimiento por parte de la propia comunidad y de la sociedad argentina: según la 5ta Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia, el 72% de la población se mostró muy o bastante conforme con la actuación de la comunidad científico-tecnológica durante la crisis sanitaria.Hemos superado todas las marcas históricas en términos nominales y reales de facturación de actividades de vinculación tecnológica, de suscripción de convenios específicos de VT con el sector público y privado, y de disminución de tiempos de tramitación de los expedientes. El Consejo impulsó exitosas iniciativas que permitieron hacerle frente a la pandemia desde todas las disciplinas del conocimiento. Por nombrar sólo algunas de ellas, hemos desarrollado tests serológico que determina la respuesta inmunológica de una persona frente al coronavirus (incluido el CovidAr desarrollado en solo 45 días y que ha donado más de un millón de unidades al sector público); el barbijo creado con telas tratadas con activos antivirales, bactericidas y fungicidas que ha alcanzado una gran masividad; métodos rápidos y portátiles de diagnóstico molecular con tecnología CRISPR; kits de detección moleculares que han superado el millón de diagnósticos permitiendo saber de manera rápida y a bajo costo si una persona está infectada; la Plataforma COVID-T para monitorear la respuesta linfocitaria T; la secuenciación del genoma completo del SARS-COV-2. También se desarrollaron posibles terapéuticas, como el suero equino hiperinmune anti-COVID-19, y la aplicación potencial del spray nasal de carragenina. Se confeccionaron prototipos de mascarillas y respiradores; se constituyó la red internacional que elaboró el protocolo de emergencia para utilizar plasma de pacientes recuperados; se realizaron mediciones del impacto social y psicológico del aislamiento, y acciones para mitigar la infodemia y las fake news sobre la pandemia. Incluso, nos encontramos trabajando en distintos desarrollos de vacunas argentinas: una de ellas (la vacuna ARVAC Cecilia Grierson) actualmente se encuentra realizando sus estudios de Fase 1.
NUEVOS APRENDIZAJES Y DESAFÍOS
En un país que tiene actualmente niveles de pobreza preocupantes, discusiones sobre su modelo de desarrollo y un fuerte endeudamiento externo, el contexto que hemos descripto marca una oportunidad y permite visibilizar los beneficios y resultados de un sistema de ciencia, tecnología e innovación fuerte y diverso en sus temáticas y territorialidades, pero también presenta desafíos para la consolidación del financiamiento y el rol del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación como un actor clave del desarrollo económico nacional.
La decisión política de las autoridades del MinCyT y del CONICET, ubicó al sistema público de ciencia y tecnología como un actor central en la pandemia, permitiendo al Estado resolver problemáticas, articular y regular el mercado por fuera de la mera visión normativa del Estado. Dentro de las discusiones para llevar a la sociedad las tecnologías del CONICET, desde la Gerencia de Vinculación Tecnológica nos hemos dado una política para diversificar los actores, los beneficios, y favorecer el abastecimiento y el acceso igualitario. Así fue como el CONICET desarrolló y licenció kits de diagnóstico a cooperativas como Farmacov (la primera licencia de un producto médico a una cooperativa en la historia del Consejo), a laboratorios públicos como Laboratorios Chaqueños (la primera licencia del Consejo a un laboratorio público que consigue la aprobación de ANMAT y la comercialización nacional), a laboratorios privados de distintos tamaños y provincias como Laboratorio Pablo Cassará, Laboratorio Wiener, Laboratorio Lemos, Inbio Highway. También impulsó que las propias empresas de base tecnológica integradas por investigadores e investigadoras del Consejo pusieran sus capacidades al servicio de estos desafíos como fueron los casos de CASPR, DetXMol, Neokit, Chemtest o Bamboo. Incluso, utilizó las capacidades de su propia empresa YPF TECNOLOGÍA, para colaborar con la compra en el mercado internacional de insumos críticos para los kits de diagnóstico, escalar la producción para permitir superar en la primer ola de la pandemia el millón de kits de diagnósticos necesarios para afrontarla y garantizar su provisión al sector público a bajo costo y sustituyendo importaciones de kits provenientes del exterior.
Durante esa etapa, el CONICET impulsó una mirada que entiende a las invenciones como un bien público, evitando apropiaciones reduccionistas, y potenciando su efecto multiplicador en el desarrollo nacional, en el desarrollo científico y en la mejora de la calidad de vida de nuestra población. Eso significó buscar actores diversos en el sector público y en el sector privado con los que articular para que las tecnologías puedan terminar su desarrollo y llegar a toda nuestra población, discutir cláusulas de precios y abastecimiento sobre las tecnologías que se transfirieron, articular con los organismos regulatorios los pasos necesarios para llegar con los estándares de calidad necesarios, articular con las embajadas y las áreas de comercio internacional las dificultades en tornos a la importación y exportación, y también orientar al financiamiento público y al poder de compra del Estado en torno a objetivos urgentes y estratégicos en simultáneo.
La concepción más liberal entiende al sistema científico como un mero proveedor de recursos, en este caso tecnologías para transferir al sector privado. Aún cuando se obtengan beneficios económicos y reconocimiento científico, preocuparse sólo por la transferencia puede favorecer formas de rentabilidad extraccionista. La política de propiedad intelectual de la Gerencia de Vinculación Tecnológica del CONICET busca una participación estratégica del Estado en el desarrollo nacional. Esta política posee una función reguladora desde el Estado que se aparta del modo clásico reglamentarista, y garantiza (a través del CONICET) el uso soberano de las tecnologías de manera directa o asociándose con privados, y se involucra e interesa en los procesos de producción y comercialización operando como un eje de referencia en materia de estándares de calidad, legítima competencia y precios, asegurando el abastecimiento y la accesibilidad igualadora a toda nuestra población.
El CONICET es la institución -entre todas las instituciones públicas y privadas– que realiza la mayor cantidad de registros de patentes del país, y también es la institución pública argentina del sistema científico-universitario que sostiene la mayor cantidad de registros en el exterior. En el año 2021, presentamos documentos relacionados a 88 patentes en todo el mundo, y nuestra cartera de patentes supera las 1.000 presentaciones. Esto se debe a la calidad y la altura inventiva de nuestros investigadores e investigadoras y al financiamiento sostenido de las actividades de investigación básicas y aplicadas en todas las áreas del conocimiento, a que el CONICET cuenta con personal capacitado en propiedad intelectual y con procedimientos para proteger sus invenciones, y a la inversión sostenida en proteger su cartera de patentes. El año pasado el Consejo invirtió $35 millones en su cartera de patentes, y en el 2022 tiene presupuestado invertir $68 millones de su presupuesto.
En estos momentos nos encontramos pensando y articulando nuevas oportunidades de vinculación tecnológica relacionadas a la convocatoria de Ciencia y Tecnología Contra el Hambre que lanzó el MinCyT para contribuir desde el sector científico-tecnológico a potenciar las acciones públicas que busquen revertir problemáticas como la malnutrición infantil, la emergencia alimentaria, la falta de acceso al agua segura y la pobreza en todo el territorio nacional. Una vez más, el CONICET orienta sus esfuerzos a una gran demanda de nuestra población en el marco del Plan Nacional “Argentina contra el Hambre”. Los desafíos para impulsar el efecto multiplicador de estas tecnologías en el desarrollo económico y social son similares a los afrontados en la pandemia en términos del nivel de madurez de las tecnologías, las pujas entre los actores de la cadena, los desafíos regulatorios y la necesidad de garantizar el acceso igualador en todo nuestro territorio.
La inmensa mayoría de las reglamentaciones de políticas de propiedad intelectual y vinculación tecnológica de las universidades y organismos de CyT en Argentina hablan sobre cómo se regula la protección y cómo se distribuyen los beneficios dentro de las instituciones. A modo de ejemplo, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) tuvo desde 1989 a 1995 una cláusula de “precios justos” que establecía que los productos licenciados por el NIH debían tener una relación razonable entre el precio fijado por la empresa, la inversión pública en ese producto y las necesidades de salud y seguridad de la población. En nuestro país, este tipo de cláusulas que regulan el precio de las tecnologías que licenciamos desde el sector público, promueven la producción local y la generación de empleo, generan incentivos para empresas ubicadas en zonas desfavorables o que contraten mayoritariamente mujeres, géneros disidentes, profesionales con estudios de posgrado o personas con discapacidad, o proveen incentivos especiales para contribuir con la innovación en la administración pública se encuentran totalmente ausentes de nuestras reglamentaciones de propiedad intelectual. Nuestro desafío, tomando la gran experiencia práctica desde la creación de la primera oficina de transferencia tecnológica en 1984, pasando por el rol central que ha tenido el Consejo y sus investigadores en la pandemia, es impulsar hacia dentro del CONICET y junto al resto de los actores del SNCTI y de la sociedad, las discusiones y cambios necesarios para que las políticas de propiedad intelectual de nuestras instituciones profundicen su contribución al desarrollo nacional.
El Dr. Sergio Romano es actualmente el gerente de Vinculación Tecnológica del CONICET. Realizó su doctorado en Ciencias de la Computación en el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada de la Universidad de Buenos Aires.
Fue docente en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires como Jefe de Trabajos Prácticos, Consejero Directivo y Superior de la Universidad de Buenos Aires, y en el año 2018 recibió el premio Facebook Emerging Scholar Award por su trabajo de doctorado.
Desde el 2005 trabajó en distintos proyectos de la industria del software para Argentina y el exterior, así como en la gestión pública.
Ciencia Propia
Ruben Geneyro