En el sistema científico argentino, la universidad pública es la institución fundamental del campo científico y tecnológico: es responsable de más de la mitad de la producción de conocimiento puesto que constituye el espacio de trabajo de la mayor parte de lo/as científico/as y en el que se forman los futuros profesionales e investigadores. Cuando hablamos del “sistema” y “la universidad” sabemos que se trata de una metáfora que encubre una rústica simplificación. Nuestro “sistema” se caracteriza por su concentración asimétrica y nuestras universidades por su heterogeneidad en cuanto a organización, inversión en I+D, matrículas y trayectorias.
En los últimos 20 años se crearon 20 Universidades Nacionales (UUNN), de las cuales 18 fueron creadas en el período 2008-2015 y, en la actualidad, en el Congreso de la Nación se discute la aprobación de siete nuevas Universidades Nacionales. Este proceso de creación de Universidades reconfigura nuestro sistema universitario y por lo tanto introduce desafíos, oportunidades y nuevos escenarios en el sistema científico tecnológico. En conjunto, este espectro de nuevas instituciones debe desarrollar las tres funciones sustantivas, en acuerdo con la Ley de educación Superior (Ley Nacional N°24.521). Dichas funciones son mencionadas como: docencia, investigación y extensión, sin embargo, el último término o tercera misión, ha sido centro de debates y distintas definiciones:
“Numerosas discusiones en torno al rol y compromiso social universitario coinciden en que las actividades de extensión universitaria y vinculación y transferencia tecnológica (VyTT) versan sobre cuestiones que se superponen y complementan, a la vez que manifiestan la articulación y participación de las universidades con su entorno. En la práctica, la institucionalización de la VyTT, impulsada en los años noventa, trajo como consecuencia el diseño de instrumentos organizativos que han escindido el planteamiento de las políticas de extensión de las de VyTT (…) Generalmente, las Secretarías de Extensión no incluyen a la VyTT, que suele encontrarse dentro de las Secretarías de Investigación; sin embargo, las actividades socialmente comprometidas que parten de ambos campos requieren trabajar sobre el desafío de encontrar abordajes dialógicos, contextualizados y a largo plazo” (Britto, Monasterios y Carro, 2022:3).
Tal como expresan estos autores, y en general la abundante bibliografía especializada en la temática, destacamos que la vinculación y la transferencia compete de manera ineludible a la función I+D+i, especialmente cuando se considera la producción de conocimiento en función de las demandas sociales y productivas.
Es bien conocido el protagonismo de las universidades nacionales en el sistema científico tecnológico argentino. El Informe sectorial de resultados del Relevamiento Anual a Entidades que Realizan Actividades Científicas y Tecnológicas 2020 (publicado en 2022) indica que, de un total de 120.146 personas dedicadas a las actividades de CyT, 73.305 se desempeñan en las universidades públicas, en tanto que 18.932 lo hacen en los organismos públicos de ciencia y tecnología y 7.408 en las universidades privadas. En este sentido, el desarrollo de la Función I+D+i en las universidades nacionales, lejos de ser una responsabilidad o decisión autónoma y exclusiva de cada institución, compete a las políticas públicas de CyT en tanto requiere de herramientas específicas que contemplen la legendaria concentración de recursos humanos y económicos, la diversidad regional y de trayectorias institucionales y las asimetrías estructurales del pretendido “sistema” científico. Resulta necesario, entonces, además de reflexionar acerca de las modalidades y sentidos de la producción de conocimiento, conocer adecuadamente los distintos escenarios, las vacancias y demandas socio productivas para desplegar todas las potencialidades y riquezas que implica la existencia de nuevas universidades en los distintos territorios.
En la gestión del Gobierno Nacional de 2003 a 2015 se dio el mayor proceso inclusión, ampliación de derechos laborales, aumento presupuestario y federalización universitaria de toda la historia argentina; este proceso de inclusión y masividad fue acompañado de una decisiva inversión en infraestructura (OUBA, 2021). Una de las características principales de las UUNN creadas en el período 2008- 2015 es la inclusión de grandes sectores de la población al sistema de educación superior. El ingreso mayoritario de sectores menos favorecidos en la distribución del capital económico y cultural, e históricamente excluidos de la universidad, otorga a estas instituciones heterogeneidad en el colectivo de estudiantes (Scarfó et al, 2018).
Las nuevas universidades nacionales fueron creadas bajo el mandato de la inclusión educativa, y las mismas proponen la apertura completa de las funciones universitarias al servicio directo de los movimientos y minorías más desprotegidas de la sociedad. En este sentido, su modelo de producción de conocimiento tiende a considerar la respuesta a las demandas y necesidades concretamente expresadas por los distintos agrupamientos/actores que conforman la sociedad o el territorio en el que se inscriben, así como a privilegiar la investigación en términos de co-producción colaborativa (Roca et al, 2017):
“Nuestras universidades levantan las banderas del cogobierno y de la autonomía, pero también asumen un poderoso y nítido compromiso con la emancipación. Hermanadas por tener momentos fundacionales muy cercanos y por estar ubicadas en distintos sitios de un Conurbano Bonaerense atravesado por múltiples injusticias, opresiones y situaciones de precariedad, las Universidades del Bicentenario tenemos la responsabilidad de desarrollar prácticas educativas, producción de conocimiento y vinculaciones con el territorio en vistas a la emancipación de quienes viven no solamente en nuestro conurbano, sino también en Argentina y en Nuestra América” (Roca et al, 2018: 8).
Si se entiende que la creación de nuevas universidades nacionales representa la llegada de sectores históricamente excluidos de la tradicional universidad de élites, este nuevo proceso de masificación de la educación superior plantea desafíos en torno al rol educativo y social en el contexto. Profundizar la democratización de la universidad de masas requiere revisar muchas de las prácticas heredadas de la universidad de élite (Scarfó et al, 2018).
Las discusiones respecto de la soberanía científico-tecnológica registran una enorme profundidad histórica y, en cierta forma, reconocen que la disputa sobre los modos, los destinatarios y los sentidos de la producción de conocimiento están en el origen mismo de los principales organismos de CyT durante el primer peronismo. En Argentina, a partir del año 2003, se puso en movimiento una resignificación del sentido social y económico de la tecnología y la ciencia, cuando comenzaron a ponerse en evidencia algunas “trayectorias de aprendizaje y procesos de acumulación de capacidades en las instituciones públicas de investigación y desarrollo, así como la aparición de empresas que expresan rasgos afines al proyecto de país y que demuestran interés por incorporar tecnología a los procesos de producción” (Hurtado, 2015). En este sentido Picabea y Garrido (2015) señalan que la promoción y el desarrollo de la ciencia y la tecnología se han posicionado privilegiadamente en la política pública de varios países de América Latina y que esto se evidencia a través de indicadores –de inversión o recursos humanos- que permiten afirmar un cambio en la importancia asignada a estas áreas como motores de cambio.
El documento presentado en la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe 2008 (CRES, 2008) para el eje temático “La investigación científica y tecnológica y la innovación como motores del desarrollo humano, social y económico para América Latina y el Caribe”, toma como punto de partida “el conocimiento como un derecho humano universal y colectivo de los pueblos, un bien público social y común”.
Consideramos que, junto con la democratización del acceso a la Educación Superior, debemos asegurar también el derecho al conocimiento. Para ello, es necesario procurar las condiciones materiales y simbólicas para el desarrollo de la investigación. Es preciso además distinguir el fortalecimiento del desarrollo de la función I+D+i. Los clásicos instrumentos de financiamiento, expresados habitualmente en convocatorias (MINCYT, SPU, Agencia I+D+i, Organismos de CYT), fueron diseñados en contextos muy distintos al actual, y apuntan principalmente a fortalecer la I+D+i en instituciones que cuentan con una masa crítica de investigadora/s y equipos con trayectorias extensas y con fuerte desempeño disciplinar. Son incipientes aún los instrumentos que se proponen para el desarrollo de la función (es decir, “dar los primeros pasos” o formar investigadores y consolidar equipos), y para realizar I+D ajustadas a la resolución de problemas concretos, en co-producción y en clave interdisciplinar, tal es la impronta de la investigación en las nuevas universidades.
Si bien la I+D contempla un conjunto de dimensiones, podemos mencionar tres centrales: Infraestructura y Equipamiento, Proyectos y productos, y RRHH. Estas tres dimensiones constituyen los pilares tanto en el desarrollo como en el fortalecimiento de la función. Después del período de desinversión en CyT de 2016-2019, se logró recuperar la centralidad de las políticas del sector, a su vez que emergieron una serie de instrumentos por fuera de los diseños tradicionales orientados al fortalecimiento de la I+D. Dichos instrumentos han sido valiosos para el sistema científico en su totalidad, en tanto que, en una gran porción del sistema universitario -representado por las nuevas universidades-, persisten limitaciones para lograr una plena apropiación de estas nuevas herramientas. En la medida en que estas políticas fueron pensadas para todo el sistema, el desarrollo de la función en las nuevas Universidades requiere de esfuerzos focalizados en sus condiciones estructurales.
Respecto de Infraestructura y Equipamiento, resulta importante mencionar que a partir del año 2008 se pusieron en marcha una serie de iniciativas llevadas a cabo por el MINCyT, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT) y el CONICET: el “Plan Federal de Infraestructura”, el “Plan de Obras” del CONICET y el “Programa de Infraestructura y Equipamiento Tecnológico” (PRIETEC). Estas iniciativas involucraron, en total, la realización de 139 obras y 151.415 m2 de construcción, lo que representa una inversión de casi 1.300 millones de pesos (MINCyT, 2014). Actualmente, con la aprobación de la nueva ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ley Nacional 27.614), el Estado Nacional se compromete a destinar el 1% del PBI en la actividad en el plazo de una década; y se crearon a su vez dos programas que representan la mayor inversión por parte del Estado en Infraestructura y Equipamiento: “Construir Ciencia” y “Equipar Ciencia”. Estos programas no solo vienen a dar respuesta a las demandas y el fortalecimiento de Organismos de CyT y Universidades tradicionales, sino que también brindan la posibilidad de desarrollo para las nuevas Universidades, municipios y gobiernos provinciales. Además, en materia de equipamiento, cabe destacar las nuevas líneas de financiamiento de la Agencia I+D+i tales como Reparación y Optimización de Equipamiento, Equipamientos para nuevos laboratorios, entre otras. Por último, se destaca el Programa de Infraestructura Universitaria de la SPU que, luego de ser interrumpido durante 2016-2019, se reactivó en el año 2019.
A partir del año 2019 se crearon una serie de convocatorias que modifican los objetivos tradicionales de los proyectos, con una mirada volcada al sector productivo y a las necesidades y problemáticas sociales. En particular, podemos destacar las primeras convocatorias en el marco del inicio de la pandemia, una serie de instrumentos orientados y centrados en dar respuestas concretas a las diversas instancias de una insólita y difícil situación, como fueron las convocatorias “Covid federal” y “PISAC Covid”. Estos instrumentos buscaron resultados acotados, en el corto plazo y con impactos positivos demostrables, afianzaron el trabajo interdisciplinar y lograron redirigir esfuerzos hacia líneas/objetivos específicos, sinergias y cooperación entre universidades, organismos, comunidad local y sector productivo. La masiva respuesta de la comunidad científica, a partir de estas circunstancias, demostró capacidades tangibles y propicias para resolver problemas concretos cuando se articulan demandas y recursos, más allá de los esquemas previsibles de la “cultura científica”, habitualmente ponderada como basada en el prestigio y ciega al contexto geopolítico.
Además, se pueden mencionar convocatorias como “Ciencia y Tecnología contra el hambre”, “Picto-género”, entre otras, así como la creación del programa Impact.ar cuyo objetivo es la búsqueda de soluciones a desafíos de interés público, que requieran del conocimiento científico o el desarrollo tecnológico para alcanzar su resolución, y así conseguir un efecto positivo en la sociedad. El gran interrogante que emerge de estos nuevos instrumentos es cómo serán evaluados en las trayectorias de los/as investigadores/as, es decir, cuál será el peso relativo que tendrán en la promoción de las carreras individuales. A partir de los giros que representan estas políticas del sector, se debe considerar integralmente su capacidad de transformación, ajustar y acompasar las instancias de evaluación y acreditación que orientan y que, en ocasiones, modelan las prácticas de los/as investigadores/as.
Por último, debemos pensar en docentes-investigadores/as, personal de apoyo, técnicos/as y becarios/as para el desarrollo de la función I+D+i, verdadero talón de Aquiles de la expansión del sistema universitario. Es este el principal núcleo de indicadores que revela la profunda y abismal distancia entre las instituciones consolidadas y las iniciales, es decir, las `jóvenes´ universidades. Algunas conclusiones del informe “Síntesis de indicadores de CyT” (2022), basado en las universidades de la Pcia de Bs As., nos permiten suponer que estas cuestiones pueden extenderse a todas las nuevas universidades del país, y que esta dimensión requiere un examen más sustantivo que la inversión en términos absolutos ya que involucra la articulación con la estructura de cargos del sistema universitario, que depende de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. En el informe se distinguen tres generaciones de universidades y se destaca que: “Existe correspondencia entre la edad de las universidades y la de sus investigadores/as. Las universidades más nuevas tienen el plantel de investigadores/as más joven y con menor formación de posgrado, mientras las más antiguas cuentan con investigadores/as de mayor trayectoria.” Como ejemplo, se observa para la Pcia. de Bs. As. que:
- El 63% de los/as investigadores/as con doctorado está en las universidades de primera generación, 24% en las de segunda, 7% en las de tercera y 6% en las privadas. Existe una correlación entre la inversión en I+D y la cantidad de investigadores/as con doctorado, lo cual marca otra asimetría entre las universidades más nuevas y el resto.
- El 75% de becarios/as de jornada completa del sistema universitario público es financiado en las universidades de primera generación, que representan el 28% de las universidades públicas de PBA y el 54% de la matrícula (SPU, 2018). Mientras que, en las universidades de tercera generación, que representan el 44% de las universidades públicas de PBA y el 18% de la matrícula, los/as becario/as representan un 4% del total.
- Del personal CONICET radicado en las Universidades de la PBA, el 77% se encuentra en las de primera generación y solo un 1,4% en las más nuevas, situándose así por debajo de las universidades privadas de la PBA (1,8%).
Aquí, entendemos, se encuentra uno de los principales desafíos. En el mismo sentido, Aritz Recalde (2022) en su artículo “Restricciones para investigar en Universidades Nacionales” señala que “la mayoría de los docentes del país realizan su labor con una dedicación simple (65,9%), cuestión que no contribuye a que investiguen. Es bajo el porcentaje de las dedicaciones semi exclusivas (18,5%) y exclusivas (11,6%) que están en condiciones más oportunas para realizar actividades por fuera de la docencia”. Estos porcentajes empeoran en las nuevas Universidades, con excepcionales designaciones exclusivas y, sumado a esto, se cuenta con un bajo porcentaje de docentes con doctorado. Esto se combina con la falta de políticas específicas por parte de los organismos para la radicación de investigadores/as en las nuevas universidades y la dificultad para acceder a becas doctorales, donde las Universidades con más trayectoria concentran la mayoría de los/as becarios/as.
De forma similar, Jorge Aliaga se refiere a esta problemática y afirma que:
“Más del 70% de la investigación en la Argentina se hace en las Universidades nacionales. Pero la actividad de investigación es secundaria en las mismas, porque la mayoría de los docentes tienen solamente cargos relacionados con el dictado de clases, y no con las actividades de investigación. Entre 2003 y 2015 se triplicaron los cargos de investigadores de CONICET, pero si bien la cantidad de cargos de docentes con dedicación exclusiva aumentó, lo hizo en una proporción menor que los cargos simples. La creación de nuevas Universidades nacionales demandó la designación de docentes, pero la mayoría de ellos no son docentes-investigadores” (OUBA, 2021:15).
Por otra parte, debe asumirse como una debilidad que requiere de creatividad y esfuerzos adicionales, la necesidad de estimular el ingreso de estudiantes a carreras de ciencias básicas y tecnologías, dado que son las menos elegidas dentro de las matrículas y a la vez resultan imprescindibles para la innovación tecnológica. La transferencia tecnológica requiere necesariamente de una masa crítica de científicos con formación de excelencia en estas disciplinas y en ciencias experimentales, así como en ingenierías. Sin embargo, debe advertirse que la proporción de docentes-investigadores/as formados en estas áreas es sustantivamente menor y concentrada en las universidades con trayectoria, de tal forma que la organización de estas carreras también encuentra limitaciones severas para la planificación académica de las nuevas universidades.
Por otra parte, es preciso y urgente fomentar programas y proyectos que difundan y familiaricen a las mayorías con la ciencia y la tecnología. No sólo con el objetivo de crear vocaciones científicas en estudiantes que probablemente sientan estas disciplinas como algo lejano e inaccesible; sino en términos simbólicos y políticos, es imprescindible socializar las principales herramientas del pensamiento crítico, la rigurosidad del método científico y las formas en que la ciencia permite comprender y explicar los fenómenos del mundo natural y social. Especialmente para quienes son primera generación de universitarios, el desafío no se agota en la permanencia y titulación, sino que involucra ampliar horizontes cognitivos, promover la cultura científica y una sólida formación que no se clausure en la obtención del título.
Sin estas dimensiones mencionadas, es imposible pensar el desarrollo de la investigación e, insistimos con este punto, ya no se trata de la realidad de una institución aislada. Estas nuevas universidades representan casi el 40% del sistema universitario, por ello compete a las políticas de CyT precisar una mirada renovada y ajustada a la diversidad de escenarios que plantea el pretendido “sistema” universitario. A las limitaciones estructurales hasta aquí planteadas, se suma un problema de orden mayor y decisivo para todo el sistema científico-tecnológico: aun cuando las universidades poseen autonomía para planificar sus propias líneas de investigación, a partir de criterios propios sobre interés, necesidad, destinatarios o utilidad social del conocimiento, los canales centralizados de financiamiento (y agregamos, las propias comunidades científicas) siguen parámetros internacionales (Picabea et al, 2015).
Desde los pensadores del Pensamiento Latinoamericano en Ciencia y Tecnología (PLACyT) en adelante, comprendemos que se encuentra aquí la clave para entender uno de los problemas al que se enfrenta el sistema científico argentino y particularmente las nuevas Universidades a la hora de pensar la producción del conocimiento. En este punto, resulta relativo el volumen destinado a la inversión, la infraestructura o la cantidad de becarios/as doctorales; se trata de un problema político- ideológico vinculado con discusiones profundamente arraigadas en el campo CTS y que no ha logrado plasmarse en políticas concretas e integrales.
Por un lado, encontramos que en la matriz de origen de las nuevas universidades se propone la apertura de sus funciones al servicio de los movimientos y minorías más desprotegidas de la sociedad. Sin embargo, el ejercicio de la investigación y la transferencia se rige por el mismo esquema de producción y legitimación del conocimiento que impone parámetros cuyas metas son difíciles de compatibilizar con este compromiso inicial, el cual constituye un punto de partida común entre las nuevas universidades del conurbano (Roca et al, 2018). Es por ello que, al analizar la producción del conocimiento en estas UUNN, es necesario pensar que en el fondo se trata de disputas ideológicas y políticas sobre las distintas dinámicas científicas y universitarias respecto de los sentidos y la apropiación social del conocimiento. Más allá de las dificultades obvias que implicaría un inmediato cambio en las lógicas de las políticas científicas y universitarias, consideramos necesario desarrollar una planificación de la gestión que dé cuenta de las necesidades existentes y avance sobre su progresiva resolución.
De tal forma, el desafío gira en torno de cómo planificar políticas universitarias de producción y apropiación social del conocimiento que logren dar cuenta de las demandas explícitas e implícitas a las que se enfrentan las nuevas universidades y que no se encuentren limitadas por los parámetros internacionales que rigen la producción científica estandarizada. Entre las políticas concretas más elementales para las nuevas universidades que se pueden mencionar, se destaca la necesidad de contar con programas fuertes de formación de recursos humanos altamente calificados, el financiamiento de posgrados y el fortalecimiento de la cooperación y las iniciativas de trabajo interinstitucional.
El motivo que da origen a este ensayo es contribuir a la reflexión sobre la forma y las condiciones para la generación y producción de conocimiento en las universidades más jóvenes. Como se ha dicho, la función I+D requiere del cumplimiento de pautas y exigencias, diseñadas a partir del modelo de las universidades consolidadas, y por ello el desafío de estas UUNN es doble: por un lado, comenzar a desarrollar la investigación y por otro disputar las lógicas de las políticas científicas y universitarias.
A estas dificultades debemos añadir el resurgimiento, en los últimos años, del imaginario neoliberal que pone en cuestionamiento el derecho a una educación superior pública, gratuita y de calidad, que sugiere el corrimiento del Estado para el avance de la mercantilización y de una naturalización de las desigualdades. Resulta imprescindible destacar el rol social de la Universidad como locus privilegiado de la producción de un conocimiento situado, compartido y relevante para su propia comunidad, y es en este sentido que no deben concebirse la innovación y la transformación socio-productiva, imaginadas en un contexto vacío de valores y dimensiones políticas. Por el contrario, estos procesos deben garantizar la soberanía científica, tecnológica, intelectual y cultural, y acompañar mejoras sustantivas en la calidad de vida de la población. La ciencia “al servicio del pueblo” debe materializarse “con el pueblo” y eso implica considerar seriamente el protagonismo de las nuevas universidades emplazadas en territorios históricamente postergados e ignorados.
Habitualmente hablamos de “desafíos” para tramitar superficialmente la idea de obstáculo, restricción, debilidad, entre otras formas de calificar o adjetivar las asimetrías que caracterizan el sistema universitario; es tiempo de considerar la expansión y la creación de nuevas universidades, es decir a este 40% del sistema que conforman las nuevas instituciones, como una extraordinaria oportunidad para la expansión del sistema científico tecnológico, apuntar al diseño de políticas orientadas a resolver sus limitaciones concretas, procurar su aprovechamiento y sostener sus fortalezas y potencialidades. Estas universidades representan espacios únicos y privilegiados para considerar, aunque sea en forma experimental, la ansiada transformación de una ciencia pertinente, local y transformadora en sintonía con el proyecto nacional y emancipador.
Por último, conocer y visibilizar las formas de producción de conocimiento en este escenario es central para lograr una mayor y fehaciente socialización del conocimiento producido en el ámbito universitario y favorecer así, a partir del diálogo de saberes, la apropiación social y colectiva de estos conocimientos. Para poder contribuir a estas discusiones, las nuevas universidades necesitan de condiciones materiales y simbólicas reales que posibiliten estos primeros años de desarrollo, y por eso es que necesitamos de políticas públicas que den respuesta a un nuevo sistema universitario.
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- Scarfó G. y Maldonado S. “Democratizar la universidad pública. Una mirada desde las Universidades del Bicentenario a cien años de la Reforma de 1918”. En El legado reformista en las nuevas universidades del conurbano: inclusión, democracia, conocimiento. Buenos Aires. EDUNPAZ/UNDAV Ediciones.
Lic. en Sociología (UNLP), diplomada en Ciencia, Arte, Tecnología y Educación Superior (UNQUI). Se desempeña como Prof. Asociada en la UNPAZ. Se dedica a la gestión y planificación de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación (CTI).
Ciencia Propia
Ruben Geneyro