Ciencia Propia

La evaluación en crisis. La utilidad social del conocimiento en nuestro país.

Resumen

En el presente artículo reflexionamos sobre la crisis del sistema de evaluación científica, fundado en valores cientificistas y cuestionado tanto en los países centrales como en los periféricos. Existen elementos suficientes que evidencian la necesidad de discutir cómo evaluamos a las personas que forman parte de nuestro sistema científico tecnológico, en especial ante el avance de los valores mercantiles en la evaluación de la utilidad del conocimiento científico. El artículo invita a reflexionar sobre los valores que ponemos en juego al evaluar la investigación y qué impacto puede generar para la comunidad, que debería ser beneficiaria directa o indirecta de su labor. Es necesario buscar mecanismos acordes a los desafíos que la ciencia debería asumir en nuestras sociedades si queremos que tenga otra finalidad más allá de la mera acumulación de publicaciones. En ese aspecto, la ciencia sin responsabilidad social pierde relevancia y se convierte en un juego intelectual sin sentido.

 El cientificismo como sistema de evaluación en crisis

Recientemente, uno de los científicos más citados del mundo, fue denunciado y expulsado de la universidad en la que investigaba por prácticas fuera de la ética y la legalidad. Gracias a estas prácticas Rafael Luque desarrolló la capacidad de firmar, en promedio, un trabajo cada 37 horas, una actividad científica verdaderamente prolífica. Esta noticia no puede más que interpelarnos, en un mundo donde los sistemas de evaluación son cada día más cuestionados (DORA, 2012; Baker, 2015), donde personas prestigiosas, aún con los parámetros actuales, levantan su voz en contra de las formas actuales de indexación, de evaluación y de publicación (como dice el premio Nobel Randy Schekman: “Lo que importa es la calidad de la labor científica, no el nombre de la revista”, Schekman, 2013). La ciencia se encuentra cada vez más subordinada al interés de un conjunto de corporaciones económicas y políticas que orientan los sistemas de investigación y, mientras los Estados subsidian el desarrollo y la innovación con los aportes del conjunto de la sociedad, los beneficios quedan en manos de las mismas corporaciones que se quejan del control estatal (Mazzucato, 2013). 

Fundado en valores cientificistas, el sistema de evaluación científica está actualmente en crisis, incluso en los centros mundiales. Las críticas que desde la década del sesenta se dieron en el marco del Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo (PLACTED), llegan hoy al norte global. En nuestros países, en la periferia, esas críticas que fueron acalladas a fuerza de represión, recobraron vitalidad en las últimas dos décadas y hoy ameritan una reflexión. En especial, debemos reflexionar acerca de las formas de construcción de trayectorias, de prestigio, de evaluación del desempeño, por las particularidades que el conocimiento científico adquiere en nuestro territorio y, principalmente, para entender y discutir cómo evaluamos a las personas que forman parte de nuestro sistema científico tecnológico. En última instancia, se trata de discutir cómo evaluamos la utilidad del trabajo científico y qué impacto puede generar para quien se supone debería ser beneficiaria directa o indirecta de su trabajo, la comunidad. 

Imagen del boicot a Elsevier basada en el propio logo de la editorial

Ese sistema de evaluación cientificista, cuestionado y en crisis, mantiene su funcionamiento y sigue generando resultados y erigiéndose en el sistema de valoración para la construcción de trayectorias personales. Cada vez menos personas quieren evaluar trabajos científicos, que son cobrados para su publicación pero que no generan una remuneración a quien los evalúa, pese al esfuerzo y tiempo que implica realizar esas evaluaciones. Se evalúan y producen una gran cantidad de artículos, pero aún así estas publicaciones son una respuesta insuficiente para los desafíos que la ciencia debería asumir en nuestras sociedades, si queremos que la ciencia tenga otra finalidad.

Cada vez menos personas quieren evaluar trabajos científicos, que son cobrados para su publicación pero que no generan una remuneración a quien los evalúa, pese al esfuerzo y tiempo que implica realizar esas evaluaciones

Algunos sectores ya dan una respuesta al respecto y generan mecanismos acordes a los desafíos que su sector se plantea. Muchas empresas ya tienen intereses y científicos trabajando para ellos. En ese sentido, en lugar de contar papers, estas empresas evalúan otros aspectos sobre la utilidad económica del trabajo científico, como los beneficios económicos que pueden generar, el dominio tecnológico sobre un cierto mercado, etc.

De esta manera, el cientificismo tiene un espacio cada vez más reducido de aplicación, restringido a un pequeño grupo de instituciones científicas, ni siquiera a todas. 

La ciencia útil (para quién)

Frente a esa situación, el mercado es justamente quien plantea la crisis del cientificismo, aunque también propone una solución, SU solución, ligada a evaluar la utilidad del conocimiento, pero con sus propios valores (Schekman, 2013). Esta mayor preponderancia del mercado irrumpe contra los valores cientificistas del “conocimiento del mundo” o el “amor al saber”. En este marco, se da la coexistencia de la razón cientificista de manera simultánea con la ética del mercado, una suerte de razón utilitarista, y la confrontación de científicos que defienden al antiguo esquema de valores contra otros científicos que buscan introducir a las empresas en el ámbito de la investigación, mediante la relación con otros actores.

Así, durante el año 2008 se produjeron debates en medios periodísticos argentinos en los que la mirada que llamaremos “utilitarista”, representada por el entonces Ministro de Ciencia Lino Barañao, fue enfrentada con particular resonancia. El ex ministro realizó declaraciones contra la falta de utilidad de las investigaciones de buena parte del CONICET y dejó clara una orientación del ministerio enfocada en tres ejes promovidos por los países centrales como áreas privilegiadas de crecimiento empresario: software, biotecnología y nanotecnología. Numerosas personalidades del sector científico contrapusieron esta visión desde miradas centradas en la evolución de la investigación, en el valor intrínseco de la investigación y acumularon una gran cantidad de argumentos. Como aspecto interesante a señalar, vale decir que la supuesta utilidad apuntada por Barañao era, efectivamente, la utilidad mercantil y, que las razones esgrimidas en su contra, si bien fueron diversas, en muchos casos apelaron a argumentos cientificistas.

Movilización contra el recorte en el Ministerio de Ciencia durante la gestión macrista de Barañao.

Ese debate, si bien ocurrió hace más de una década, no sólo no fue saldado sino que se ha repetido múltiples veces en los últimos años, aunque con menor resonancia. Fue retomado por el entonces ministro a la hora de justificar recortes en el ministerio tras su decisión de continuar desempeñándose en el cargo durante la gestión macrista pero ya sin el apoyo presupuestario recibido previamente.

Asistimos a una crisis del cientificismo y a la insuficiencia de la razón cientificista como rectora de los mecanismos de evaluación. De manera simultánea, presenciamos el crecimiento de una corriente que propone una razón utilitarista que, con un manto de supuesta utilidad social, encubre valores estrictamente mercantiles centrados en el beneficio económico, en particular el de un grupo reducido de corporaciones y sectores. Así, se vuelve indispensable pensar en la evaluación científica desde valores de utilidad social que pongan en primer lugar al bienestar de la comunidad en sentido amplio, que incluya la dimensión del beneficio económico, pero sin ser estrictamente mercantiles. Este beneficio económico del conjunto social no puede ser pensado como los intereses de un pequeño grupo de empresas. En particular, en una economía altamente transnacionalizada donde quienes tienen la capacidad de atraer científicos (y de absorber conocimiento científico) son un reducido grupo de empresas y donde los beneficios generados difícilmente redunden en más y mejores puestos de trabajo en el país (u otros beneficios colectivos) sino en mayores utilidades a esas empresas y consecuentemente, por sus conductas especulatorias en fuga de divisas.

Asistimos a una crisis del cientificismo y a la insuficiencia de la razón cientificista como rectora de los mecanismos de evaluación.

Animarnos a discutir la utilidad social del conocimiento científico.

Planteado el contexto, es necesario animarnos a dar un debate colectivo en torno a la utilidad social del conocimiento científico. Para ello, damos una sucinta definición de a qué nos referimos con dicha utilidad social y planteamos algunas consideraciones normativas que circunscriben la discusión:

  • Esta discusión no se tiene que inscribir en la anquilosada dicotomía básica o aplicada.
  • Los problemas de la realidad, de la comunidad, son complejos y requieren ser abordados de manera interdisciplinaria.
  • Las agendas de investigación científica deben tener un vínculo con el territorio, con nuestra población y con nuestro país.

Una primera aproximación al concepto de utilidad social, en sentido amplio, es: todo aquello que contribuya a la felicidad y el bienestar del pueblo y la grandeza de la Patria, planteado de manera más estricta como el trabajo que contribuya a fortalecer la soberanía política, independencia económica y justicia social de nuestro país. Esta noción es más abarcativa que una mera utilidad económica para un reducido grupo de corporaciones y es incluyente de todas las disciplinas. Su fundamento es simple, y se basa en que existen mecanismos que, aunque deficientes, son capaces de evaluar la calidad de una investigación o de un trabajo científico. El mayor problema radica en la imposibilidad de aprovechar constructivamente el conocimiento generado por el sistema de forma integral, y vuelve evidente el planteo de Rolando García de que “claro que hay que formar más y mejores científicos…”. 

es necesario animarnos a dar un debate colectivo en torno a la utilidad social del conocimiento científico

Respecto de las consideraciones normativas:
  • En primer lugar, este debate bajo ningún concepto se inscribe en la discusión ficticia de ciencia básica o aplicada que ya debería estar saldada. Esta distinción esquemática da cuenta más de la falta de capacidad para visualizar la utilidad potencial del conocimiento que de una verdadera diferencia en el campo del conocimiento. La arbitrariedad de esta categoría se manifiesta de manera clara en el artículo de Marina Rieznik (2022). Una propuesta orientada a evaluar el conocimiento generado por la utilidad social que produce debe, necesariamente, dejar de lado esa caracterización.
  • Los problemas de la realidad, en particular las dificultades que atraviesa nuestro país, lejos de ser problemas abordables desde una disciplina, son problemas complejos, donde los diferentes elementos de estos sistemas se interdefinen, y son mutuamente dependientes. Problemas como la restricción externa en lo económico, la resolución de problemáticas ambientales, la tenencia de la tierra, el arraigo y la producción en ámbitos rurales, son todos aspectos de la realidad que, al ser abordados por múltiples disciplinas de manera escindida, brindan recortes parciales de la totalidad y pierden la potencia transformadora del conocimiento científico. Existen instituciones que, por tener una misión ligada a la resolución de un problema complejo, encuentran en la construcción de su trama institucional y sus relaciones con diferentes actores la forma de abordar la realidad de manera similar al de un enfoque de sistemas complejos. Sin embargo, estructuras centradas en el aspecto disciplinario sólo pueden cobrar utilidad social si ese conocimiento específico encuentra alguna instancia de articulación. Así, tienen especial relevancia las ciencias sociales para poder dar sentido y contenido a un abordaje de estas características.
  • Es necesario que el conocimiento científico y las agendas de investigación tengan vasos comunicantes con los territorios y contemplen a la población que se ve impactada de manera directa o indirecta por sus resultados. Las agendas de investigación necesitan incorporar estos mecanismos para no quedar desvinculadas de la realidad nacional como una extrapolación acrítica de temas de la agenda de revistas internacionales y grupos extranjeros. El proceso de Integración Sistémica explicado por Hurtado (2010) donde se trasplantan instituciones y conocimientos ya mostró contribuir al subdesarrollo y separar la ciencia de la utilidad social en sentido amplio. La experiencia internacional puede ser de gran utilidad para desarrollar nuevo conocimiento y establecer cooperaciones que contribuyan al desarrollo del país, pero el enfoque debe estar centrado en nuestro territorio y el punto de partida debe ser nuestra realidad. Estas discusiones se dieron de forma exhaustiva entre las décadas del ‘50 y ‘70, y tanto Amílcar Herrera como Jorge Sabato dejaron conceptos claros que pueden actualizarse y ser retomados. Amílcar Herrera fue esclarecedor al respecto:

En los países adelantados, la mayor parte de la investigación científica y tecnológica se realiza en relación con temas que directa o indirectamente están conectados con sus objetivos nacionales, ya sean éstos de defensa, de progreso social, de prestigio, etcétera. El progreso científico se refleja en forma inmediata y espontánea en el funcionamiento de sus fábricas, en su tecnología agrícola, en su infraestructura y, en general, en el constante incremento de la producción. En América Latina, por el contrario, la mayor parte de la investigación científica que se efectúa guarda muy poca relación con las necesidades más apremiantes de la región.

se vuelve indispensable pensar en la evaluación científica desde valores de utilidad social que pongan en primer lugar al bienestar de la comunidad

Existen suficientes conocimientos en nuestro país y suficientes experiencias para establecer lineamientos acordes a estas consideraciones.

La mayor parte de los aspectos planteados en este artículo refieren a conocimientos y experiencias existentes en nuestro país y lejos están de ser algo potencial, sino que son una pequeña realidad efectiva y son experiencias posibles de llevar a cabo. Sin embargo, la represión, el desánimo y la traición volvieron invisible lo evidente, retrotrajeron las discusiones de la política científica a la era pre PLACTED, por lo que hoy vuelve a ser necesario decir lo ya dicho. En las últimas dos décadas muchas de estas discusiones comenzaron a reeditarse, así como los libros de aquella época y se dieron importantes aportes para actualizar estos debates. Las colecciones de la Biblioteca Nacional y de Universidades Nacionales recuperaron los clásicos y también algunos autores que han retomado estas discusiones como Feld, Hurtado, Gargano, Thomas, Carrizo, Dvorkin, etc., además se han realizado encuentros como las Jornadas de julio de 2016 en la UNDAV, de mayo de 2017 en la UMET, de junio de 2019 en la UNAHUR, y muchas más en los años siguientes, organizados en su mayoría por las nuevas generaciones que invitan a retomar y actualizar estos debates. En esa línea, es necesario pensar la actividad científica junto con su utilidad social, no es posible seguir repitiendo que la ciencia es buena porque eventualmente generará algún resultado potencialmente útil, ni que el desarrollo de nuestro país va a ir de la mano con transferir conocimiento científico a corporaciones transnacionales, a empresas nacionales con lógicas transnacionalizadas o a grupos de investigación del norte global. Si buscamos que la ciencia y la tecnología favorezcan un proceso de crecimiento inclusivo y de desarrollo nacional, los criterios de evaluación deben ponderar dimensiones como la calidad de la investigación y la especificidad, que son relevantes de ser evaluadas, pero no pueden ser únicas ni rectoras. Es central tener en cuenta la inserción institucional del conocimiento y, si bien es función primaria de quienes elaboran la política científica, esto debe estar incluido en la evaluación. El conocimiento generado debe ser comunicable, apropiable por el tejido institucional del país, situado y capaz de generar, de manera directa o indirecta, un beneficio para la sociedad.

Si buscamos que la ciencia y la tecnología favorezcan un proceso de crecimiento inclusivo y de desarrollo nacional, los criterios de evaluación deben ponderar dimensiones como la calidad de la investigación y la especificidad, que son relevantes de ser evaluadas, pero no pueden ser únicas ni rectoras.

La vigencia de las palabras de Rolando García es perenne en ese sentido:

La ciencia es hoy un poder demasiado grande, un factor demasiado decisivo en la sociedad para que alguien se permita el lujo de ser investigador puro sin responsabilidad social. La ciencia sin responsabilidad social, particularmente cuando se carece del genio creador que es único, esa ciencia la hemos definido más de una vez como mero juego intelectual, como arena de un torneo de pedantería con togas académicas, como pasatiempo de élite y como símbolo insolente de diferencias de clase, esa ciencia tampoco nos interesa.

Ilustración de Rolando García.

Bibliografía:

Baker, M. (2016). 1,500 scientists lift the lid on reproducibility. Nature 533, 452–454. https://doi.org/10.1038/533452a

DORA. (2012). Declaración de San Francisco de Evaluación de la Investigación. 2023, Mayo 1, de SFDORA. Sitio web: https://sfdora.org/read/

Hurtado de Mendoza, D. (2010). La ciencia argentina. Un proyecto inconcluso: 1930-2000. Buenos Aires: Edhasa.

Mazzucato, M.. (2013). The Entrepreneurial State: debunking public vs. private sector myths. Inglaterra: Anthem Press.

Rieznik, M.. (2022). Los ojos de los pilotos bombarderos. Microscopía electrónica en Argentina y las fuerzas aéreas estadounidenses. Revista CTS, número especial, pp.9-35.

Schekman, R. (2013). Por qué revistas como ‘Nature’ hacen daño a la ciencia. 2023, Mayo 1, de IADE. Sitio web: https://www.iade.org.ar/noticias/por-que-revistas-como-nature-hacen-dano-la-ciencia

Time to remodel the journal impact factor. Nature 535, 466 (2016). https://doi.org/10.1038/535466a

Daniel Anaya

Meteorólogo, FCEN UBA.

Director Provincial de Riesgos y Emergencias. Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.