La ciencia en nuestro país ha tenido un largo derrotero, en el que se pueden marcar eventos claves que llevaron, en primera instancia, a la consolidación de equipos de investigación en las universidades de grandes centros urbanos como Buenos Aires, La Plata, Córdoba y Rosario (Myers 1992; Montserrat 2000; Podgorny 2004; Ferrari 2006; Otero 2013). La Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, creada en 1933, además de sostenerse con fondos propios recibía el aporte de distintas fundaciones para la promoción de la producción científica a través de becas. Es recién con el gobierno de Juan Domingo Perón que se generaron las bases para la soberanía científica en nuestro país (Hirschegger 2009). Entre las diversas medidas que se implementaron, se puede citar la firma en noviembre de 1949 de un decreto para el cese del cobro de aranceles universitarios, aspecto que aún hace única la formación académica argentina entre los países de la región. Con la universidad gratuita, las hijas y los hijos del proletariado accedieron a estudios de grado y en algunos casos lograron ingresar al sistema científico. Durante su gobierno, Perón, con el objeto de incentivar la investigación científica creó la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en 1950 y el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (CONITYC) en 1951. La mal denominada “Revolución Libertadora” rompió el curso de este progreso en materia científica y coartó libertades en la producción del conocimiento y en el desarrollo de la vida universitaria. Durante este período, precisamente en 1958, se fundó el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el CONICYT pasó a nombrarse, junto a grandes reestructuraciones del sector, como Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Años más tarde, con la elección de Arturo Frondizi, se formalizó la Carrera del Investigador Científico y se brindaron becas en el marco del CONICET, se fortaleció la Universidad Nacional de Tucumán y se crearon diversos centros de desarrollo Científico y Tecnológico en La Plata, Córdoba, Santa Fe y otras importantes ciudades.
En 1966, se produjo la trágica Noche de los Bastones Largos. El gobierno de Facto, bajo el mandato del general Juan Carlos Onganía, desplegó acciones propias del terrorismo de Estado. Reprimió a miembros del mundo académico y universitario, se recortaron las capacidades de trabajo de docentes, investigadores e investigadoras, se intervinieron los centros de estudio y se desmantelaron numerosas facultades (Míguez 2012, 2013). La ciencia sufrió una nueva interrupción en su crecimiento y muchas investigadoras e investigadores eligieron el exilio. Con el retorno de Perón desde España, la etapa de una posible recuperación del sistema científico y universitario fue breve. En 1976, la Argentina vivió uno de los períodos más oscuros de su historia. Nuevamente se produjeron exilios, aún más que durante la dictadura de Onganía. La migración, en los casos que pudo concretarse, fue la única posibilidad de supervivencia ante la persecución y el asesinato indiscriminado por parte del gobierno cívico militar. Un halo de terror recorría las universidades, muchas facultades fueron cerradas y las investigaciones reducidas a las necesidades demagógicas del Estado. El retorno a la democracia en 1983, con Raúl Ricardo Alfonsín como presidente electo, mostró a un sistema científico desguazado, con gravadas dificultades para retomar caminos de crecimiento, radicar exiliados, recuperar la libertad en las prácticas de educación e investigación y financiar políticas de promoción de la ciencia en un contexto inflacionario (Wanschelbaum 2014). Durante el posterior gobierno de Menem también se dieron grandes dificultades debido a la implementación de medidas políticas de corte neoliberal y se generó otro intervalo histórico en el que el sector científico debió replegarse. Luego de ese período de latencia, muchos investigadores apostaron al impulso que se advertía con la aparición de Néstor Kirchner y, luego, de Cristina Fernández en el arco político. A partir del 2003, el escenario nacional se transformó drásticamente. El Estado cobró el protagonismo necesario para el desarrollo productivo, social, educativo y cultural de la Argentina. Se profundizaron las causas que bregan por los derechos humanos y se ampliaron todas las libertades, con énfasis en los grupos más postergados (Hurtado 2010; Albornoz y Gordon 2011; Araya et al. 2015). Entre las diferentes acciones orientadas al crecimiento de la Ciencia la más importante fue la constitución en 2007 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT). Desde este Ministerio se articularon numerosos convenios internacionales, se apostó a la tecnología de punta, el arraigo de profesionales de distintas disciplinas y el financiamiento de proyectos de diferentes áreas disciplinares. La ciencia junto a la consolidación de una gran diversidad de universidades generaron los mecanismos necesarios para la democratización profunda del conocimiento científico, su producción, soberanía y federalización. Desde la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica se promocionó la competitividad y la innovación tecnológica en el marco de diferentes programas de financiamiento (FONCyT, FONTAR, FONSOFT y FONARSEC). Se dio espacio a la articulación con los sectores privados y se lanzó el Plan “Argentina Innovadora 2020”. Con el afán de impulsar la promoción de la cultura también se creó TECNÓPOLIS, abriendo las puertas de la ciencia al público en general en el marco de una gran feria que llegó a ser federal (Conforti et al. 2017).
El gobierno de Mauricio Macri, iniciado en 2015, generó un drástico freno a este crecimiento. Nuevamente un gobierno de base conservadora e ideología neoliberal golpeó a la ciencia argentina y a la sociedad en su conjunto. La desvalorización de la ciencia, considerada como un gasto para el Estado, llevó rápidamente a su deterioro. No solo se desmanteló el MINCyT sino que se recortaron todas las áreas de producción científico tecnológicas, partiendo desde el desfinanciamiento de proyectos, la reducción de los salarios, la limitación en la incorporación de becarias, becarios, investigadoras e investigadores, la restricción en la importación de insumos básicos para el desarrollo de variados procedimientos analíticos y la interrupción de cooperaciones internacionales. El desmantelamiento de la ciencia produjo un marcado repliegue en los grupos de investigación y la movilización masiva del sector, nunca antes registrada, en reclamo de sus competencias y derechos.
En 2019, la llegada a la presidencia de Alberto Fernández generó expectativas en la recomposición del sector, las que prontamente se vieron condicionadas por la pandemia del COVID-19. La dispersión del virus a nivel global hizo que la ciencia se orientara a resolver problemas urgentes que atacaban a todos los estamentos de la sociedad. El Dr. Roberto Salvarezza, a cargo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, rápidamente reorganizado, incrementó las partidas presupuestarias para mitigar los efectos y mejorar la calidad de vida de las argentinas y los argentinos, así como la de los habitantes de otros países limítrofes que también quedaron ajenos a los avances científicos logrados por las grandes potencias. Si bien previo a la pandemia, como consecuencia de los altos índices de empobrecimiento y marginalidad que caracterizaban a nuestro país por causa de las políticas macristas, habían surgido programas para paliar estas problemáticas, como Argentina contra el Hambre, la llegada del COVID-19 dio lugar al desarrollo de nuevas líneas de investigación y, a su vez, posicionó a la ciencia en el diálogo social. Esta pandemia provocó que se hablara de temáticas que hasta el momento no interesaban a la población. La preocupación por la enfermedad hizo que fuera un tema de discusión permanente en los medios de comunicación y en el conjunto de la sociedad, y se dio mayor énfasis a noticias propias de las ciencias médicas. En esta vorágine por conocer qué sucedía con la pandemia surgieron Fake News, que desde el MINCyT se trataron de desmentir para revocar los daños y miedos que generaba la desinformación. En este contexto las Ciencias Sociales también cobraron un rol destacado, demostrado en el trabajo interdisciplinario. Ante este flagelo, numerosos equipos de investigación redireccionaron sus esfuerzos para dar solución a los efectos negativos del COVID-19. Se crearon kits de testeos nacionales, paliativos ante la enfermedad como el suero equino, medidas de prevención (barbijos) y se buscaron herramientas efectivas para la atención a casos de violencia de género incrementadas por las medidas de aislamiento. Incluso, se organizaron programas para atender a los sectores más vulnerables, fuertemente impactados por el cese de sus actividades de subsistencia. En este marco, se lanzaron una serie de programas que no solo comprometieron al sector científico sino también a otros organismos gubernamentales y sectores de la sociedad civil. Entre los programas a destacar se dio impulso a los programas de articulación y fortalecimiento federal de las capacidades en ciencia y tecnología COVID-19, Ciencia y Tecnología contra el Hambre, Proyectos de tecnologías para la inclusión social, Proyectos Federales de Innovación – PFI 2021 y el Programa ImpaCT.AR Ciencia y Tecnología. Estos últimos, aún vigentes, apuestan al trabajo articulado entre distintos organismos, respondiendo a demandas de variados tipos. A través de la promoción de proyectos de investigación y desarrollo buscan dar apoyo a organismos públicos para dar soluciones a demandas presentadas como desafíos, a los que se responde con propuestas generadas desde el conocimiento científico, la innovación y el desarrollo tecnológico. Son proyectos de alto impacto social en los que la ciencia se pone al servicio de la sociedad no solo para avanzar en mejoras de su condición social, económica, sanitaria, entre otras, sino también para generar políticas públicas que se sostengan en el tiempo para la planificación y resolución de dificultades estructurales. Estas dificultades no solo son producto de la pandemia, sino que se acarrean desde la implementación de las políticas neoliberales del gobierno de Juntos por el Cambio.
Hasta el momento de escribir este artículo, desde el 2020 se respondieron a 139 “Desafíos”. De esta manera se dio solución a problemáticas de distinta índole planteadas por organismos de distintos niveles, desde Ministerios Nacionales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, SENASA, INCUCAI, Ministerio del Interior) hasta Hospitales Públicos como el Garrahan, Universidades Públicas y Privadas, Ministerios y Direcciones de Salud y Ambiente provinciales y numerosos Municipios y Comisiones Municipales. Las respuestas a los Desafíos, encabezadas por equipos científicos de todo el país, cubren un amplio abanico de demandas que van desde la conservación de espacios naturales, el avance en el estudio de zoonosis, la producción de alimentos proteicos, la desalinización de agua de diferentes localidades, la puesta en valor del patrimonio cultural de comunidades originarias, el desarrollo turístico, el monitoreo de especies animales en riesgo, la creación de fuentes de trabajo en zonas vulnerables, el manejo de recursos hídricos y afluentes, problemáticas de violencia de género, la restauración de las líneas de costa oceánicas, el manejo de especies introducidas, la producción de cultivos nativos, el fortalecimiento de centros médicos de alta complejidad, entre otros. Para el proceso de evaluación de las respuestas a estas demandas, desde el MINCyT se convocó a un grupo interdisciplinario de investigadoras e investigadores que trabajaron de manera detallada en cada propuesta. Se conformó por economistas, biólogos, antropólogos y politólogos. El programa se inició en el último trimestre del 2020. Hasta el momento se recibieron 205 postulaciones o Desafíos. 139 fueron admitidos y actualmente se encuentran en ejecución 91. Durante el 2020 se dio curso a dos proyectos. En el 2022 están en evaluación e inicio más de 20 proyectos. Los datos precisos los brinda el año 2021, del que se pueden desglosar numéricamente distintos resultados. El 32% se radicaron en la provincia de Buenos Aires, el 19% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 11% en Córdoba. Vale aclarar que la mayoría de estos proyectos se centraron en grandes centros urbanos debido a que allí se encuentran los grupos de investigación más fuertemente consolidados, la mayor densidad de población y, por lo tanto, la existencia de una amplia cantidad de organismos con necesidades a ser cubiertas de manera urgente. No obstante, ImpactAr se fundó principalmente con el propósito de federalizar la ciencia resolviendo inquietudes en distintos puntos de nuestro territorio. Por esta razón, durante el programa se dio prioridad en ocasiones a las postulaciones de las provincias distantes a estos centros. Siguiendo criterios que valoraban la factibilidad, el alto impacto y la calidad de los proyectos, en Misiones se alcanzó un 5% de la totalidad, en Jujuy y en Entre Ríos el 4%. La suma de las provincias de Tucumán, Salta, Santa Cruz, y Chubut y Tierra del Fuego, promedió el 15%, y Corrientes, Mendoza, Río Negro, Chaco, San Luis, Santa Fé, Santiago del Estero y Neuquén el 10% (Figura 1). A su vez, se financió un desafío multiprovincial, en el que diferentes organismos de Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego buscaban dar solución a los incendios forestales en un amplia área de Patagonia
Distribución de Desafíos por provincia.
El resultado de esta iniciativa, en la que la ciencia colaboró en la solución de problemas para mejorar la calidad de vida de los argentinos, articulando con las demandas sociales y organismos del Estado resultó una de las acciones propuestas por el MINCyT quizás con mayor impacto. El blindaje mediático que se vive en nuestro país lleva a que muchas de estas iniciativas no se den a conocer, cuando luego de muchos años, en este caso el programa ImpactAr permitió generar un fuerte vínculo entre numerosas entidades y dar solución a problemas desatendidos por décadas. El importante grado de federalización de este programa, brinda espacio a la participación de organismos y grupos considerados minoritarios, tales como comunidades originarias, colectivos de mujeres y productores agrupados en pequeñas cooperativas. Contemplando la extensa trayectoria de la ciencia argentina, este programa es una de las pocas planificaciones que buscó cubrir demandas detectadas a lo largo de todo el territorio nacional, descentralizar los canales de financiamiento y fortalecer la autonomía de las instituciones. Asimismo, lleva a enmarcar al sistema científico nacional en la cotidianidad de la sociedad, a estar presente en el diálogo social. Cuando los resultados de la investigación científica se vuelven temas de opinión e impregnan, en el buen sentido, este diálogo crea nuevos intereses que enriquecen al sistema científico nacional. Si bien persisten sectores “anticiencia” y sectores que difunden información que no se sostiene en fundamentos científicos, las posturas extremas son minoritarias.
El ImpactAr, así como otros programas (Equipar Ciencia, Construir Ciencia, PITES, CITES), expone el valor de contar con un Estado presente, particularmente en un contexto emergente. Por otro lado, la variedad de temáticas abordadas en el marco de este programa demuestra el rol que cumplen las ciencias sociales en contraposición a las campañas de desprestigio planteadas durante el gobierno macrista. Con el ImpactAr, no solo se destacan las acciones de innovación tecnológica o avances en materia de investigación básica, sino que quedan plasmados las acciones de variadas disciplinas que tienen como fin trabajar de manera articulada con la sociedad en su conjunto. La ciencia en el territorio promueve la soberanía, la credibilidad en el sistema científico, el interés del sector privado en generar inversiones y desterrar debates intransigentes como “ciencia útil vs. ciencia inútil” según su grado de impacto (Mitcham 1997). No obstante, lo más relevante quizás sea la impronta que dejan en la promoción de la cultura científica. La comunicación pública de la ciencia es una herramienta fundamental para la construcción de “sociedades del conocimiento sostenibles”, en la que los conocimientos científicos, técnicos y tradicionales, así como los saberes ancestrales (Fernández Polcuch et al. 2016), por ejemplo, los propios de los pueblos originarios, convergen dando contenido valedero al diálogo social. Aún resulta necesario lograr un verdadero giro comunicativo (Polino y Castelfanchi 2012), y fortalecer la vinculación con los diferentes tipos de públicos para mejorar la actuación de las instituciones y las investigadoras e investigadores (Nieto Galán 2011). A partir de una lograda comunicación, la profundización de la cultura científica en su contexto con el propósito de reducir el déficit cognitivo (de Semir 2015; Peña et al. 2016), la construcción y circulación de conocimientos para ser compartidos como un bien común (Cortassa 2012), es que se podrán derribar dificultades que obstaculizan el valor de las prácticas de interacción con la sociedad y avanzar en la participación ciudadana en la investigación (González García et al. 1996). En síntesis, la proliferación de este tipo de programas, donde se integran universidades, la sociedad civil, empresas y todos los estamentos del Estado, conducirá a que se logre la formulación de políticas públicas factibles, la democratización del conocimiento y el establecimiento de un federalismo simétrico.
Doctora en Arqueología de la Universidad de Buenos Aires, Diplomada Universitaria Superior en Comunicación Pública de la Ciencia de la Ciencia de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Licenciada en Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, y Profesora en Enseñanza Media y Superior en Ciencias Antropológicas de esta misma Facultad. Hace 16 años que reside en la Provincia de Jujuy. Actualmente se desempeña como Investigadora Adjunta de CONICET, con lugar de trabajo en el InDyA (CONICET, UNJu, UNT, Gob. de Jujuy, CNA) y docente del Instituto Interdisciplinario Tilcara de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA.
Ciencia Propia
Ruben Geneyro