Por María Marta Quintana, Marcia Bianchi Villelli, Manuel De Paz, Leandro Da Rold, Luciana Ghermandi, Juan Cabrera y Fernando Raffo.
Todos/as nosotras/as formamos parte de Científicxs y Universitarixs Autoconvocadxs Bariloche: un colectivo intersectorial compuesto por trabajadores/as (investigadores, becarios, personal de apoyo y administrativo) del CONICET, del INTA, de la Universidad Nacional del Comahue, de la Universidad Nacional de Río Negro, de la CNEA.
Desde octubre del año pasado, mes en que se produjo el debate legislativo en torno del proyecto de ley de presupuesto 2017, las y los científicos y universitarios de todo el país venimos movilizándonos sistemáticamente en contra de los recortes aplicados en ciencia, tecnología y universidad (CTyU), y alertando a la comunidad nacional e internacional sobre las intenciones -contrarias a las promesas de campaña electoral- del actual gobierno macrista de ‘reorientar’, por no decir desguazar, las áreas del Estado vinculadas con la CTyU públicas. Esto sin dejar de mencionar la embestida de Cambiemos contra áreas altamente sensibles de la sociedad, como los derechos humanos, la educación, la salud, el trabajo.
En lo que respecta al sistema científico-tecnológico, la alerta cobró estado de realidad durante el pasado mes de diciembre cuando, finalmente, después de desprolijas idas y vueltas con la fecha de publicación, se dieron a conocer los resultados del ingreso a la carrera de investigador científico (CIC) del CONICET, convocatoria 2016. En comparación con los años anteriores el recorte fue brutal (del 50%), tomando como medida de crecimiento lo estipulado en el Plan Argentina Innovadora 2020, derivando en una toma pacífica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (y de los Centros Científicos Tecnológicos regionales (CCT)), concertada por becarios/as, investigadores/as y organizaciones gremiales y políticas de CyT, generando gran visibilidad del conflicto del sector. Es de público conocimiento que, frente a la presión y muy a pesar de sus designios, las autoridades del Ministerio y del CONICET debieron asumir la responsabilidad por la denegación del ingreso a CIC de aproximadamente 500 jóvenes investigadores/as -recomendados/as por las comisiones evaluadoras disciplinares y por la Junta de promoción y calificación del propio Consejo- y firmar un acta acuerdo en el que se comprometieron a resolver la situación laboral-profesional de las y los ‘afectados’.
En este lugar nos gustaría entonces, remarcar el carácter de acontecimiento político de la toma, que no solo dio cuenta de que hay un movimiento de científicos y científicas, sino que además mostró su federalización; y sintetizar, en lo que sigue, al menos tres puntos que el conflicto del CONICET -de manera paradigmática- hizo manifiesto.
Primero, en lo estrictamente gremial, el mentado conflicto dejó en claro que la exclusión ( despido) de postulantes recomendados/as para el ingreso a CIC forma parte de una política de achicamiento del Estado y de flexibilización laboral, propio del modelo neoliberal macrista. En este sentido, resulta una provocación flagrante que el gobierno reconozca -tal como lo hizo durante la toma- que cuenta con el presupuesto necesario para el ingreso de las y los rechazados al CONICET, pero que se niega a utilizarlo para tales fines.
Segundo, aunque en estrecha relación con lo anterior, que nuestro sistema científico-tecnológico está articulado de modo tal que, siendo el CONICET el organismo que centraliza los recursos económicos y humanos para el desarrollo de la investigación y de la carrera de investigador, no resulta factible la re-radicación de ‘afectados’ en universidades, institutos descentralizados, empresas públicas y privadas con condiciones equivalentes a la CIC del Consejo. Entre otras cuestiones, porque las universidades nacionales y los organismos como el INTA, el INTI y la CNEA afrontan problemas presupuestarios mayores para regularizar sus plantas actuales de trabajadores. Asimismo, esas instituciones tienen sus propios mecanismos de incorporación de personal.
Tercero, el conflicto también puso en evidencia el cambio de rumbo en materia de federalización; porque mientras el CONICET venía descentralizándose lentamente mediante la creación de CCT regionales, el recorte evidenció la concentración de recursos nuevamente en las metrópolis. Este último punto, como barilochenses, nos preocupa centralmente.
REACCIÓN EN CADENA: EL IMPACTO LOCAL DEL AJUSTE EN CTyU
En efecto, retomando el último punto del apartado precedente, las y los científicos y universitarios de Bariloche vemos con preocupación el retroceso en materia de federalización que el conflicto del CONICET hizo patente. Porque, para dar un ejemplo, en lo que respecta a la gran área de Ciencias Sociales y Humanidades, en Patagonia norte (Río Negro, Neuquén y oeste de Chubut), hubo un solo ingreso aprobado de la convocatoria CIC 2016. Sobra decir que además de atentar contra la fuente y continuidad laboral de becarios/as postdoctorales, ello pone en jaque la persistencia de equipos de investigación, de institutos y la formación de docentes para todas las disciplinas sociales. No obstante, en mayor o menor medida, esta situación es extensible al resto de las áreas disciplinares que se desarrollan en nuestra región.
Pues a lo anterior hay que sumarle la reducción en los subsidios para investigar -por condiciones de postulación y por la no actualización de fondos en función de la inflación y devaluación- y el desfinanciamiento de las universidades nacionales radicadas en nuestra localidad que forman los docentes, técnicos, licenciados y doctores, y a donde asisten jóvenes de toda la región para profesionalizarse y luego, en muchos casos, retornar a sus comunidades de origen.
Además, en otro orden de impacto, cabe señalar que en Bariloche, ciudad con una larga trayectoria como polo científico-tecnológico, un alto porcentaje de los proyectos de ciencia básica radicados en centros, institutos y unidades asociadas se financian con subsidios de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica (ANPCyT) y se nutren del comercio y la industria de nuestra ciudad. Por consiguiente, la disminución de recursos para investigación conlleva consecuencias dañinas para la economía local, con el agravante social de que personal muy capacitado emigre hacia otros destinos.
Ante este sombrío panorama, es necesario enfatizar que, más allá de las limitaciones que puedan advertirse en torno de nuestro sistema de CyT y de lo que puede restar en la comparación con países ‘desarrollados’, hay mucho para defender. Sin ir más lejos, en nuestra localidad-región, en los últimos años, se expandieron y profundizaron las capacidades técnicas de alta tecnología (mediante los desarrollos de CNEA, INVAP, ARSAT), se consolidó la práctica de investigadores abocados al conocimiento de bosques, lagos, volcanes, estepa; se amplió el campo de la investigación hacia las ciencias sociales y humanas consolidando su presencia en Patagonia, y se diversificó la oferta de carreras universitarias (incluso con la creación de una nueva universidad). Asimismo, hay que destacar que la ciencia, la tecnología y las actividades universitarias se traducen en prácticas de intervención comunitaria o de extensión tendientes a resolver distintas problemáticas socio-naturales y productivas, vinculadas, por ejemplo, con: derechos humanos, migraciones, políticas indígenas, desarrollo territorial, patrimonio cultural, biodiversidad y uso sustentable, prevención de incendios, contaminación, separación y reciclado de residuos, compostaje, salud animal, producción forestal y producción de alimentos, entre otras.
Esto último implica reconocer la existencia de una retroalimentación constante entre la CTyU y las políticas públicas de desarrollo social y manejo sustentable del ambiente; siendo precisamente ello lo que se encuentra amenazado por un gobierno obtuso, que solo parece concebir un proyecto de ciencia económicamente rentable y socialmente impotente.
Frente a dicha amenaza, y a contracorriente de la reprochable opinión que busca instalarse en la escena mediática acerca de la utilidad versus inutilidad de la ciencia (es decir, de la utilidad o inutilidad de algunas disciplinas, investigaciones y recursos humanos), reafirmamos la importancia de un sistema científico-tecnológico público, con un desarrollo armónico de todas las grandes áreas y disciplinas y comprometido con la federalización de la inversión en CTyU. Más aún, ratificamos que sin CTyU no es posible construir un país soberano. Por eso, los/as Científicos/as y Universitarios/os Autoconvocados/as de Bariloche renovamos nuestro compromiso y nos manifestamos en pie de lucha para defender la Ciencia, la Tecnología y la Universidad en nuestra localidad, en la Patagonia y a lo ancho y largo de todo nuestro país.
Ciencia Propia
Ruben Geneyro
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